Un 27% de las 320.000 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital que la Seguridad Social ha procesado hasta septiembre se han denegado, un total de 86.152, en gran medida por no cumplir requisitos de renta y patrimonio, frente a un 28% que han sido aprobadas (90.800) y un 45% que están pendientes de subsanación (141.995).
Así lo revelan los datos aportados este miércoles 7 de octubre por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados.
Hasta el momento, según ha precisado, han recibido casi 1 millón de solicitudes del IMV, una «avalancha» que está «por encima de sus expectativas». De ellas se han procesado 320.000 y ya reciben la prestación un total de 90.800 hogares.
QUIEREN AGILIZAR EL PROCESO
Teniendo en cuenta las subsanaciones y denegaciones, el Ministerio ha introducido una serie de modificaciones para agilizar la concesión de la prestación y, tras aplicar estas «palancas», Escrivá espera en este mes de octubre pasar de 90.800 a 135.000 hogares cobrando ya el IMV y dar un «salto mayor» en noviembre, superando los 200.000 hogares.
A finales de 2020, prevé llegar a cifras cercanas al objetivo final. Si bien, ha precisado que en un principio estimaron que 850.000 hogares deberían recibir el IMV y que «es posible que la foto de 850.000 fuera demasiado optimista o no» pero ha insistido en que «por el momento» están «razonablemente satisfechos» sobre cómo está funcionando el proceso.
«Mi impresión es que en estos momentos, dado que el porcentaje pendiente de subsanación está en torno al 28%, y que el porcentaje que terminan siendo positivas es significativo, lo lógico es que estemos aproximadamente con un 50% al menos de aprobadas y un 50% de denegadas, en gran medida por no cumplir requisitos de distinta naturaleza, pero muchos de renta y patrimonio», ha puntualizado el ministro.
Si llegan a final de año a unos 550.000 hogares, les faltarían todavía unos 300.000 para alcanzar la cifra de 850.000 inicialmente prevista. Por ello, en la segunda fase que surgirá a partir de la evaluación de enero van a estudiar nuevos canales con ayuntamientos, ONG y trabajadores sociales.
