En un país destruido por una guerra civil, llegaba la hora de reconstruirlo. Era la hora de hacer ferrocarriles, aeropuertos, carreteras, viviendas… Obra pública y civil que necesitaba de mano de obra. Ni más ni menos de 400.000 vencidos, presos políticos, fueron utilizados durante el franquismo por las empresas como trabajadores forzados.
Fue el pasado 15 de septiembre cuando el Gobierno aprobó, en Consejo de Ministros, el anteproyecto de la ley de Memoria Democrática. Y uno de los puntos más destacados del mismo es que hace referencia a la “reparación” de las víctimas. Un reconocimiento, y una reparación, en la que las empresas que usaron a esos presos políticos deben jugar un destacado papel. ¿Cuáles son?
El listado es largo: Banús Hermanos, San Román, Huarte, Agromán, Dragados y Construcciones, Norte, MZA, Renfe, Entrecanales y Távora, Duro Felguera, Babero, Babcok & Wilcox, Astilleros de Cádiz, Talleres Mercier, Minas de Sillada… Según el investigador José Luis Gutiérrez Molina, hasta 90 firmas usaron presos políticos durante el franquismo. Y cuantifica en, al menos, 800 millones de euros la labor que desempeñaron. Según uno de esos trabajadores, que estuvo presente en la construcción del Valle de los Caídos, a ellos les daban un jornal de cincuenta céntimos. “Estábamos alquilados por 10,50 pesetas”, confesó Nicolás Sánchez Albornoz a Público. La capitalización de dichas empresas estaba servida.
Algunas de esas firmas han desaparecido. Otras han cambiado de nombre porque se han visto envueltas en fusiones, compras o adquisiciones. Sea como sea, las que todavía tienen algo que decir en el ámbito empresarial, deberán indemnizar a esas víctimas. Así lo piensan desde el Ejecutivo que, con su acción, quiere “ver las posibilidades de reconocimiento y reparación”.
EMPRESAS DE AYER Y DE HOY
El primer paso que se quiere hacer desde el Gobierno es el de elaborar un inventario en el que se incluyan aquellas empresas que se beneficiaron de los trabajos forzados de rojos, vagos y maleantes. Libros como ‘Franquismo S.A.’, de Antonio Maestre, puede servirles de punto de partida.
Empresas cercanas a las élites franquistas que usaron dicha mano de obra “apelando al programa de redención de penas por el trabajo ideado por el jesuita Antonio Pérez del Pulgar”, dice Antonio Maestre en el libro. Firmas que también sacaron partido de la represión en el franquismo hacia una competencia que cometió el error de decantarse por el bando republicano, y a la que se le cortaron las alas.
El fondo de indemnizaciones corrió a partes iguales entre las empresas y el Estado en el caso de Alemania
“Ya sabemos cómo ha funcionado en Alemania, incluso las cantidades que se han puesto”, dicen en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Eso sí, matizan que ambos casos no se pueden comparar. Fueron 78 los campos de concentración donde Alemania explotó el trabajo forzado. Y del mismo se beneficiaron Volskwagen, Neuman, Siemens, Krupp, Thyssen o I.G. Farben. Esta última fue el germen de Bayer, Agfa o Aventis.
De fronteras adentro, aquellas empresas han dado lugar a firmas que incluso están en el Ibex 35. Dragados y Construcciones hoy forma parte de ACS. Huarte, hace lo propio en OHL. Entrecanales y Távora, es Acciona. Infraestructuras Ferroviarias, es Adif. Hidroeléctrica Española más Iberduero se han transformado en Iberdrola. Fenosa, en Naturgy…
CANALES Y EMBALSES EN EL FRANQUISMO
En el caso de Fenosa, su propietario, Pedro Barrié de la Maza, recibió por parte de Francisco Franco el Condado de Fenosa. Corría el año 1955, y de esta manera le agradecía el dictador la cuestación popular que hizo el empresario para regalarle el Pazo de Meirás. Según publicó La Marea, Fenosa fue fruto de la fusión forzosa de Fábrica de Gas y Electrica, propiedad de Barrié, y Electra Popular Coruñesa, propiedad de José Miñones. Este, diputado republicano, fue ejecutado en 1937.
Por lo que respecta a la que hoy es Acciona, se fundó en 1931 por el ingeniero de caminos bilbaíno José Entrecanales Ibarra (abuelo del actual presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales) y el empresario sevillano Manuel Távora. De ahí su nombre: Entrecanales y Távora.
Como curiosidad, una de sus primeras obras fue la renovación del puente de San Telmo, en Sevilla, por sugerencia del rey Alfonso XIII. Con la victoria nacionalista, prosperó: “En los años de la posguerra, la compañía fue muy activa, consolidando su posición como una de las compañías más innovadoras del país”. Así está escrito en su página web. La Marea también señala que fue el Ayuntamiento de Sevilla quien encargó a Entrecanales y Távora la construcción de un canal de vertidos. 250 presos del campo de concentración ‘El Colector’ lo desarrollaron.
Si hay una obra que ha sido señalada como santo y seña de este tipo de trabajos esa no es otra que el Valle de los Caídos. Huarte fue una de las empresas que levantó el monumento. San Román, Estudios y Construcción Molán, y Banús, también.
Huarte es la H de OHL. Las otras dos son Obrascón y Laín. También estuvo presente San Román. Esta fue fundada cuando gobernaba Primo de Rivera por José María Aguirre Gonzalo y José San Román. Fue en 1927 cuando adquirió el nombre de Agromán. En 1986, Banesto pasó a controlar su capital. Y, a Banesto, se la compró Ferrovial en 1995. En mayo de 2020 pasó a llamarse Ferrovial Construcción.
Financial Times publicó en su día que Dragados también sacó partido de la situación. En concreto, hablaba de la construcción del pantano de Mediano (Huesca). 35 presos trabajaron en el mismo. La familia March, hoy accionista de ACS, también influyó en el triunfo del golpe de estado. Juan March financió el viaje de Franco de Canarias a Marruecos para dar el pistoletazo de salida al mismo.
Otro pantano, que fue inaugurado por Francisco Franco en 1964, fue el de Aldeadávila de la Ribera, en Salamanca. Iberduero (hoy Iberdrola) fue la empresa que utilizó a los represaliados. Política y economía caminando de la mano. Más de tres cuartos de siglo después, la pregunta que sigue flotando en el aire es si habrá o no reparación a los trabajadores forzados. El gobierno ha dado el primer paso con un texto legislativo. Volviendo a Alemania, el fondo de indemnizaciones corrió a partes iguales entre las empresas y el Estado.
