El Gobierno tratará de que el potencial proceso de reestructuración necesario en el grupo resultante de la fusión entre CaixaBank y Bankia tenga el menor impacto posible sobre los puestos de trabajo.
Así lo ha indicado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.
«Es obvio que el Gobierno siempre va a luchar por la defensa de los puestos de trabajo y va a intentar que aquellas empresas que tengan que hacer un proceso de reconversión lo hagan con el menor coste posible de puestos de trabajo», ha dicho Montero tras ser preguntada por el impacto laboral que tendría el proceso de consolidación que se negocia entre ambas entidades.
De este modo, ha subrayado que la premisa del Gobierno, sobre el caso de CaixaBank-Bankia, como sobre cualquier otra empresa, será el de preservar los puestos de trabajo. En este sentido, ha destacado como ejemplo las cifras de gasto dedicadas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Según los datos proporcionados, el Gobierno ha destinado mensualmente unos 4.500 millones o 5.000 millones de euros para pagar los ERTE de larga duración. «A final de año será una cantidad muy importante la desembolsada para proteger los derechos de los trabajadores», ha precisado.
PRUDENCIA Y SIGILO
La portavoz ha añadido que el Ejecutivo desconoce mucha información acerca de las conversaciones sobre la operación y la que maneja es «absolutamente confidencial y no llega a tal grado de detalle» como para saber el número de puestos que se consideran redundantes.
También ha llamado a la «prudencia» en este tipo de operaciones bancarias y ha justificado el «sigilo» por su parte al señalar que muchas negociaciones se juegan su éxito por saltarsee la confidencialidad.
