El Gobierno prepara para antes de final de año una reforma de la Ley de Defensa de la Competencia en la que contempla revisar el límite máximo de las multas para infracciones de prácticas contrarias a las normas europeas de competencia para llevarlo al 10% del volumen de negocios mundial total de las empresas infractoras.
Así figura en el Plan Anual Normativo 2020, publicado en el Portal de Transparencia, que incluye un total de 171 propuestas de cambios legislativos.
Esta en concreto busca trasponer la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo dirigida a dotar de medios a las autoridades de competencia, velar por que estas dispongan de garantías de independencia y facultades para poder aplicar los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Estos artículos se refieren a actuaciones de empresas que, mediante acuerdos, decisiones, o prácticas concertadas tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia; o la explotación abusiva de una posición dominante en un mercado.
En esta reforma, el Gobierno también contempla introducir otras modificaciones «que se consideran convenientes y conformes al espíritu y a los objetivos de dicha directiva.
Entre los cambios normativos más relevantes que el Gobierno baraja introducir exigidos por la directiva se encuentran revisar este límite máximo de las multas, pero también que puedan rechazarse denuncias «con base en criterios de priorización según su importancia para el interés público».
También que puedan realizarse entrevistas al personal de las empresas investigadas, reforzar la asistencia mutua entre autoridades de competencia, incluyendo para la recaudación de la multa y la interrupción de la prescripción por actuación de otras autoridades, o durante la revisión jurisdiccional.
