El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha apuntado que en la actualidad hay 280.000 autónomos con sus negocios cerrados, pero que se mantienen de alta en la Seguridad Social pagando la cuota mensual.
Amor, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que estos autónomos que no han abierto todavía y siguen pagando cada mes se concentran en la hostelería, comercio, educación, actividades artísticas y recreativas.
«Ahora mismo se han activado el 92% de los autónomos, pero hay un 8% de ellos que cerró y que no han vuelto a abrir», ha resaltado, tras afirmar que a efectos estadísticos están activos aunque sus negocios están cerrados.
Según Amor, estos autónomos siguen dados de alta porque se acogieron a la prestación extraordinaria por cese de actividad y porque posteriormente en julio tuvieron una exoneración y en agosto sólo pagarán el 50% de su cuota. No obstante, dice que este colectivo está esperando a ver si las cosas mejoran para volver a abrir sus negocios, pero que «los rebrotes y la nueva ola de contagios hacen que las cosas vayan a peor».
En esta línea, el presidente de ATA ha estimado que prácticamente el 60% de estos 280.000 autónomos no va a volver a abrir o «lo va a tener muy difícil».
Respecto a la prestación por cese de actividad, Amor ha dicho que esta herramienta ha sido «un fracaso», porque se ha dejado fuera a los autónomos que han estado en tarifa plana, bonificación, con una reducción o en pluriactividad. «De estos 280.000 autónomos que tienen sus negocios cerrados, únicamente 120.000 van a cobrar la prestación. Es un fracaso», ha apostillado.
Por ello, ha hecho hincapié en que se le pidió al Gobierno que todos los trabajadores por cuenta propia a los que les surgieran restricciones de cualquier tipo pudieran acogerse a la prestación extraordinaria, pero que el Ejecutivo «no hizo caso y el resultado es el que es.
Amor ha pedido que los trabajadores por cuenta propia que tienen cerrados sus negocios por las diferentes restricciones aprobadas por culpa de la pandemia tengan derecho a la prestación extraordinaria, «aunque no tengan el periodo mínimo de cotización».
«El Gobierno dice que está estudiándolo, pero estamos en una situación de emergencia que requiere medidas de emergencia, medidas rápidas y ágiles», ha incidido.
