La Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte que el Gobierno prevé presentar a finales de año abordará, entre otros aspectos, la fiscalidad de los transportes para mejorar su eficiencia y sostenibilidad, y el diseño de un sistema que garantice el mantenimiento futuro de la red de carreteras, lo que, previsiblemente, supondrá debatir sobre la eventual articulación de un peaje en las autovías.
Entre el resto de puntos que abarcará la Ley también figura la financiación del transporte público urbano, la planificación y financiación de las infraestructuras de transporte, así como la logística y la distribución urbana de mercancías, y medidas para «fomentar y sensibilizar» sobre la movilidad sostenible.
También fomentará la interacción entre las políticas de transporte, energía, industria, telecomunicaciones y medio ambiente, y las relacionadas con la salud, toda vez que la actual crisis ha evidenciado la importancia de la movilidad en la pandemia.
Así lo contempla el documento con el que el Ministerio de Transportes ha iniciado formalmente la elaboración del anteproyecto de la anunciada Ley.
Se trata del que abre el proceso de consulta previa sobre la ley, con el fin de recibir propuestas y aportaciones que los ciudadanos y todos los sectores interesados quieran realizar y puedan contribuir a la redacción del texto legal.
Este trámite de consulta pública arranca este miércoles, 22 de julio, y se extenderá hasta el próximo 30 de octubre, según informó el Departamento que dirige José Luis Ábalos.
De esta forma, parte de esta recepción de propuestas coincidirá con el debate con las distintas administraciones, partidos y agentes del sector que el Ministerio pretende también llevar a cabo a partir de septiembre y durante varias semanas, en busca asimismo de aportaciones y consenso para la ley.
En el documento por el que la ley se somete a esta primera consulta pública, Transportes dice que «con el fin de cumplir sus compromisos y obligaciones en materia de movilidad», estima «necesario y oportuno la aprobación de un marco regulatorio homogéneo, proporcionado y eficiente, que impulse la innovación y sitúe al ciudadano en el centro de las políticas públicas de movilidad».
Para ello, introducirá en el ordenamiento jurídico «las reformas estructurales necesarias para favorecer una movilidad de personas y mercancías basada en los principios de seguridad, sostenibilidad y digitalización, y al tiempo garantizar la financiación del transporte público».
Asimismo, se plantea la regulación como un todo, en su totalidad y de forma transversal, de diferentes aspectos englobados en el ámbito de la movilidad.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL.
De este modo, se pretende que la Ley dé solución a problemas como el «elevado impacto medioambiental y presupuestario de las infraestructuras del transporte», la «necesidad» de reducir emisiones, la transformación digital o la coordinación entre administraciones.
También buscará «garantizar adecuados mecanismos de financiación para la conservación y mantenimiento del ‘stock’ de infraestructuras del país» y articular un marco de participación y colaboración que implique en la toma de decisiones a todos los actores afectados.
Así, dada «la complejidad de los retos que se plantea», el Ministerio considera «muy importante» entablar «un verdadero diálogo con todos los actores del ecosistema de la movilidad para garantizar el éxito de este proyecto normativo».
