El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha aprobado delegar en su presidente determinadas competencias en materia de responsabilidad patrimonial para agilizar la resolución de reclamaciones por la caída de Banco Popular.
Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Comisión Rectora del FROB ha acordado delegar en el presidente la competencia para solicitar el informe preceptivo del Consejo de Estado respecto de las propuestas de resolución de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por la resolución de Banco Popular el 7 de junio de 2017.
Los accionistas del banco que perdieron su inversión por la resolución de la entidad y su posterior venta a Banco Santander entienden que la Administración ha incurrido en responsabilidad patrimonial, por lo que tratan de obtener una indemnización a través de reclamaciones al FROB, al Ministerio de Economía, al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La última ‘Memoria de actividades’ del organismo recoge que, al cierre de 2019, se han cuantificado 1.070 solicitudes de inicio de procedimientos de responsabilidad patrimonial por la actuación llevada a cabo por el FROB en la resolución de Popular, de las que han sido resueltas un total de 299 peticiones.
El procedimiento administrativo común de las administraciones públicas señala que, para los expedientes que reclamen más de 50.000 euros, se requiere un informe del Consejo de Estado. Es la Comisión Rectora la competente para elevar al Consejo de Estado las propuestas de resolución de reclamaciones patrimoniales, al objeto de solicitar su informe, y para resolverlas una vez recibido dicho informe.
El acuerdo incluido en el BOE indica que se ha cedido al presidente, Jaime Ponce, la competencia para solicitar estos informes, aunque es la Comisión Rectora la que seguirá resolviendo las reclamaciones.
Con este trámite, el FROB agiliza el procedimiento de resolución de las reclamaciones patrimoniales por la resolución de Banco Popular.
