La Comisión Europea ha anunciado este jueves que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para solicitar que se le imponga una multa por el retraso en la transposición de las reglas sobre el uso de los datos de los pasajeros aéreos en el marco de la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado.
La Unión Europea acordó en abril de 2016 estas reglas que afectan al registro de datos de pasajeros aéreos y se fijó un plazo de dos años, hasta mayo de 2018, para que los Estados miembro trasladaran adecuadamente esta directiva a su legislación nacional.
Sin embargo, España no cumplió con el calendario y Bruselas abrió un expediente sancionador en julio de 2018, cuyo último aviso formal a las autoridades españolas sobre la necesidad de cumplir las normas comunes se comunicó en enero de 2019.
«Más de dos años después de que expirara el plazo de transposición de la directiva, España es el único de los Estados miembro que no ha notificado aún a la Comisión la adopción de todas las medidas necesarias», lamenta la Comisión en un comunicado publicado este jueves.
El Ejecutivo comunitario puede elevar al Tribunal con sede en Luxemburgo cuando los Estados miembro incumplen los plazos fijados y solicitar que el país incumplidor sea condenado a pagar una multa económica, cuya cuantía se fijará en función de la gravedad de la infracción, la duración de la misma y otros factores como el peso del país en cuestión en el reparto de escaños o su PIB.
Se trata de sanciones fijadas al tanto alzado para castigar el incumplimiento en sí y otra cuantía que se corresponde con una multa diaria si tras la condena persiste el incumplimiento.
