Fedea ve «insuficientes» las ayudas y pide ampliar la cuantía de los avales

El Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 coordinado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) observa que España ocupa una posición «modesta» dentro de los países de su entorno en términos del volumen de recursos dedicado durante la crisis para ayudar a las empresas, que es «insuficiente» debido al «limitado» margen de maniobra fiscal que tenía antes de la pandemia.

Por ello, recomienda ampliar el volumen de los avales públicos e incluso señala que podrían ser necesarios los programas durante 2021, así como asegurar que las administraciones cumplen los plazos de pago y fórmulas para facilitar la reestructuración de la deuda empresarial para evitar el cierre de compañías viables.

Así se desprende del tercer informe del GTMC, un grupo de más de 120 expertos procedentes de universidades, empresas y organizaciones que aborda la reactivación de la economía española, en el que analiza la política de apoyo a las empresas durante la crisis actual y avanza algunas propuestas.

Los autores observan que España ocupa una posición «modesta» dentro de los países de su entorno en términos del volumen de recursos que está dedicando durante la actual crisis a apoyar a las empresas, incluyendo tanto ayudas directas como garantías para préstamos y otras medidas de liquidez, lo que atribuyen al «limitado margen de maniobra fiscal» con el que contaba al inicio de la crisis.

En su opinión, el volumen de ayudas aprobado hasta el momento podría ser «insuficiente» para cubrir las posibles demandas de financiación, a pesar de un esfuerzo «no despreciable» por paliar los problemas de liquidez y capital empresariales derivados del Covid.

OTROS PAÍSES EUROPEOS

En comparación con otros países europeos, y aun estando todos en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea, observa también una mayor exigencia en España en los criterios de elegibilidad para acceder a los programas de avales, y la limitación de las ayudas directas a pymes y autónomos frente al caso de otros países.

En este sentido, señala que en España se ha lanzado una línea de avales por importe máximo de 100.000 millones de euros (8% del PIB) para la cobertura de financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos, mientras que en Europa destaca Alemania, con un programa de avales de 950.000 millones de euros (28% PIB) y apoyo directo a pymes de hasta 50.000 millones de euros.

En Francia, los avales y préstamos suman 300.000 millones de euros (12,5% PIB) y, en Italia, un programa de garantías de hasta 850.000 millones de euros (34% PIB).

En cuanto a las ayudas directas a pymes y autónomos (transferencias), apunta que en España se sitúan en solo un 0,3% del PIB, muy por debajo de otros países europeos (Alemania, donde alcanzan un 1,9% del PIB, Francia 1%, Reino Unido 1,2%, Dinamarca 1,6%, Holanda 0,7%), o de Estados Unidos.

En todo caso, matiza que no toda la ayuda financiera se establece a través de préstamos y garantías, ya que también son importantes otras medidas: las moratorias a préstamos hipotecarios y no hipotecarios (sin coste para las administraciones públicas), la inversión pública participativa, el diferimiento de impuestos o las ayudas directas.

Igualmente, constata diferencias en el porcentaje de riesgo asumido a través de avales públicos ya que en algunos Estados la Administración ha llegado a asumir la totalidad del riesgo (100% en Alemania), en otros, como España, el porcentaje de asunción de riesgos es más limitado (80%,70% o 60%, según los casos) aunque cree que esta orientación puede considerarse «razonable» como medio de asegurar una gestión prudente del riesgo por parte de las entidades de crédito necesaria para preservar sus adecuados niveles de solvencia actual.

EXTENDER PROGRAMAS A 2021

Entre las recomendaciones del informe se encuentran la de flexibilizar el programa de avales públicos, ampliando tanto su cuantía como su plazo de disponibilidad, ya que de lo contrario «es probable que sean insuficientes». De hecho, añade que las previsiones actuales apuntan a que podrían ser también necesarios extender los programas durante 2021.

Asimismo, insta a garantizar que las administraciones públicas cumplen los plazos de pago establecidos legalmente para evitar aumentar los problemas de liquidez del sector privado.

REESTRUCTURAR DEUDA 

Otra de las recomendaciones pasa por buscar fórmulas que eviten que empresas económicamente viables sean liquidadas, facilitando la reestructuración de su deuda o su conversión en capital mediante préstamos participativos públicos de carácter temporal.

Para facilitar las reestructuraciones, cree que podrían limitarse los privilegios de las administraciones públicas, incluida la Seguridad Social, y los vetos de los acreedores senior. También cree que podrían contemplarse quitas en la deuda con las mismas.

El GTMC ve preciso articular esquemas de apoyo a la solvencia empresarial (inversiones participativas público-privadas en el capital de carácter estrictamente temporal).

A su vez, para reforzar la capitalización de las pymes y aumentar su tamaño, señala que convendría promover el desarrollo de los mercados de renta fija y variable y facilitar el acceso de estas empresas a los mismos, así como la titulización de su deuda.

Para los autónomos y empresas de tamaño más reducido señala que en otros países se ha extendido los plazos de su deuda más perentoria, en el pasado, titulizando préstamos y deuda a corto plazo de estas empresas, con participación bancaria y alguna garantía pública.

También cree que sería interesante que existiera la posibilidad adicional de que el Estado avalara préstamos para posibles procesos de consolidación empresarial.

Igualmente, aboga por dotar a las moratorias sectoriales de un marco jurídico seguro y previsible, y para que las entidades bancarias puedan abordar con mayor agilidad necesidades adicionales de financiación de autónomos y pymes, ve conveniente que las autoridades supervisoras abunden en el ajuste de la regulación prudencial, incluyendo normas que amortigüen la reducción de valor de los inmuebles por Covid y que faciliten las titulizaciones que impliquen transferencia de riesgo fuera de balance.