Las retiradas de dinero en efectivo en los cajeros han recuperado ya un 50% de su actividad con respecto a las primeras semanas de confinamiento, de forma paralela al avance en la desescalada y la recuperación de la actividad económica.
Así se desprende de los datos de las principales empresas de transporte de fondos del país, agrupadas en la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), entre las que se encuentran Prosegur, Loomis, Ilunion, Securitas y Eulen.
No obstante, debido a que algunos territorios de Castilla y León, Cataluña y la Comunidad de Madrid todavía no han pasado a la fase 2 del plan de desescalada, donde, precisamente, mayor es la actividad económica, todavía no se han alcanzado los niveles previos a la crisis del coronavirus.
Aproser lamenta que se haya aprovechado esta crisis para abrir un «viejo debate», el de la supervivencia del dinero en efectivo, después de que desde organismos públicos se haya recomendado, e incluso limitado, el uso del efectivo, aludiendo a una mayor probabilidad de contagio.
Sin embargo, la patronal recuerda que distintas instituciones y organismos internacionales, entre los que se encuentra la Organización Mundial de la Salud, han reiterado numerosas veces que, con las adecuadas medidas de higiene, la utilización de dinero en efectivo no conlleva un mayor riesgo de contagio que otros materiales, como el plástico de la tarjeta o el terminal del punto de venta (TPV).
Aproser cree que la desaparición del efectivo «tendría graves consecuencias para la sociedad» y favorecería la privatización de los medios de pago, lo que supone que los usuarios, entre los que se incluyen los comercios, tendrían que realizar un mayor gasto en las comisiones que supone el mantenimiento de tarjetas o de las transacciones digitales.
En este sentido, afirma que impactaría también «de forma muy directa» en los colectivos más desfavorecidos de la sociedad cuyo nivel de bancarización es muy inferior, que dependerían para los actos de su economía doméstica de la decisión de las entidades bancarias o de los grandes proveedores de Internet.
