La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reivindicado ante el Pleno del Congreso el diálogo social y el «lugar central» que, a su juicio, deben jugar sindicatos y patronales, y ha llamado a los partidos a aprender de estas organizaciones y de los acuerdos alcanzados.
«Es momento de que esta Cámara muestre su apoyo a este diálogo y que, permítanme, humildemente, incluso aprenda de él», ha asegurado Díaz, en su defensa del decreto ley que amplía hasta el 30 de junio el mecanismo de los ERTE para afrontar en las empresas los efectos de la crisis del coronavirus, tras el acuerdo alcanzado para ello por las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC.OO. y UGT.
La titular de Trabajo ha pedido trasladar al «ámbito de la política» lo realizado «en el ámbito social», señalando además que serán necesarios nuevos acuerdos, al contemplarse la extensión de medidas extraordinarias en determinados sectores más allá del 30 de junio. «Aprendamos del dialogo social y permitamos que nuestro país afronte esta crisis con la serenidad y la cautela que se merece», ha reclamado.
La reivindicación de Díaz tiene lugar una semana después del acuerdo suscrito por PSOE, Unidas Podemos y EH-Bildu, en la negociación para prorrogar el estado de alarma, para derogar la reforma laboral. Pese a que el PSOE matizó posteriormente este acuerdo y lo remitió al programa de Gobierno, quitando el plazo para la derogación, las organizaciones empresariales lo criticaron por estar al margen del diálogo social y dejaron en suspenso su participación en este proceso.
Respecto al contenido del decreto ley sometido este miércoles a convalidación, Díaz ha explicado que «marca el regreso pautado de la actividad», ya que esa causa por fuerza mayor «está destinada a desaparecer» ante la llegada de una nueva normalidad, que espera que sea «normalidad mejor», en palabras del director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder.
Esta «normalidad mejor», debería permitir «un modelo de relaciones laborales más justo, más digno y más equitativo» para el que, ha manifestado la titular de Trabajo, espera que los agentes sociales ocupen «un lugar central», ya que su acuerdo «refuerza la legitimación de las normas y asegura su aplicación».
DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL Y EL ACUERDO CON BILDU
Tras la intervención de Díaz, el debate parlamentario ha estado protagonizado por la derogación de la reforma laboral y las diferencias entre los que afean al Ejecutivo no sólo que pretenda esta derogación, sino que llegue a acuerdos con Bildu para ello, y los que apremian al Gobierno a hacerlo antes de que concluya el período de excepcionalidad por la crisis.
«Si no derogamos con urgencia, la maquinaria ya está preparada para que pase lo mismo que en 2010: una sangría en las clases trabajadoras», ha dicho el portavoz laboral de ERC, Jordi Salvador, mientras que María Muñoz, de Cs, calificaba de «inmoralidad» y «bochornoso» el acuerdo con Bildu, y UPN de «indecente acuerdo de sumisión». «Dejen de estar arrodillados a los ‘batasunos'», ha espetado Sergio Sayas.
Iñigo Barandiaran, de PNV, ha recordado que «cualquier modificación ajena al acuerdo social adolecerá de la virtud» predicada por la ministra y el PP considera que el acuerdo es «una patada al diálogo social». «Una irresponsabilidad mayúscula», ha abundado María Teresa Angulo. «No recordamos que el PP negociara con agentes sociales para la reforma laboral, ni los regalos a la banca y las privatizaciones», ha replicado Antón Gómez-Reino, de Galicia En Común.
AYUDAS CON CARGO AL SISTEMA DE PENSIONES
Sin embargo, los grupos también han lamentado cuestiones como que las bonificaciones a la Seguridad Social se hagan a cargo de sus fondos, y no de los Presupuestos Generales del Estado, algo que contraviene lo debatido en el Pacto de Toledo y sienta «un peligroso antecedente», ha recodado el PNV. «Pan para hoy, hambre para nosotros», ha dicho ERC.
También ha habido críticas a las condicionalidades para acogerse a los ERTE, puesto si bien no podrán empresas con sedes en paraísos fiscales, sí aquellas que cuenten con filiales en estas jurisdicciones. «Una cosa es propaganda y otra la realidad», ha dicho Néstor Rego, diputado del BNG.
Ciudadanos también ha lamentado cómo las restricciones al despido a empresas beneficiadas con estas ayudas se aplican a partir del primer despido, algo que considera desproporcionado, mientras que EH-Bildu ha pedido un refuerzo de la Inspección de Trabajo. «Sabemos que están haciendo mucho y hay voluntad de hacer más, pero la realidad hoy es sangrante», ha aseverado su diputado Oskar Matute.
