Majadahonda se la juega con una parcela de la Gürtel

Todo lo que envuelve al caso Gürtel es oscuro y lleno de incongruencias. Pues bien, un terreno en la localidad madrileña de Majadahonda que consiguió en concurso público la quebrada Vallehermoso, y que luego fue vendida al fondo Castlelake, creador de Aedas Homes años después, pone en jaque la credibilidad del Ayuntamiento tras llevar más de tres años para la concesión de una licencia.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ordenó paralizar el concurso para la venta de dos parcelas, RN-1 y 2D, por 83 millones de euros, a la constructora Afar-4, tras un cambio de criterio de los técnicos municipales, según informa El Confidencial.

Con esta decisión, Aguirre aseguró que destapó la Gürtel, y provocó la dimisión del entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, condenado por esta trama.

Así, se realizó un nuevo concurso público de estas dos parcelas y la ganadora fue Vallehermoso con una oferta de 157 millones (95 millones por la RN-1) en 2005, con su proyecto residencial que incluía la construcción de 1.334 plazas de aparcamiento, seis por vivienda.

PARCELA CON CARGAS

Pero, entre las condiciones del concurso, se incluía que la parcela no podía venderse a un tercero, y pasaría a manos del Ayuntamiento en caso de incumplimiento. Pero esta limitación se levantó en un Pleno Municipal del consistorio en diciembre de 2014, y aquí es donde reside la polémica.

La validez de levantar esta limitación es la que ahora ha decidido Álvarez Ustárroz revisar por tercera vez, a pesar de que nadie ha impugnado aquel acuerdo, y de que la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente acaba de archivar una denuncia por presunto delito de prevaricación urbanística, según la fuente citada.

A diferencia de la parcela 2D, que Vallehermoso sí llegó a edificar antes de que la burbuja inmobiliaria provocara la quiebra de la compañía, la RN-1 corrió distinta suerte. Pero estaba sujeta a una serie de cargas y condicionantes, que, si se saltaban, solo dejaban dos opciones: exigir su cumplimiento, algo inviable porque la antigua filial de Sacyr estaba en un proceso de liquidación ordenada, o dictar la resolución contractual.

Con la segunda opción, el ayuntamiento recuperaba la parcela y devolvía a la promotora el dinero que había pagado. Finalmente se aprobó resolver el contrato y, con él, el resto de cargas que tenía asociadas la parcela. Con esta operación, el consistorio se ahorró la devolución de los 95 millones por recuperar el solar, más los cuatro millones del aval de la promotora.

De este modo, pudo vender la parcela a Castlelake y con el dinero saldar la deuda con Sareb, mientras que el fondo estadounidense había condicionado su compra a que la parcela estuviera libre de cargas, como se aprobó en el Pleno.

EL FUTURO DE QUIAN

Así, en julio de 2017, la recién creada Aedas Homes solicitó la licencia para el proyecto residencial Quian en Majadahonda. Pero tres años después continúa bloqueado, lo que supone más del doble del plazo medio que suelen demorarse los proyectos en este municipio.

La promotora lleva desde entonces inmersa en una batalla legal para conseguir la licencia para levantar 240 viviendas. Pero el actual regidor, José Luis Álvarez Ustárroz, ha decidido contratar a un experto independiente para que valore si fue legal la venta de este solar al fondo Castlelake. Un informe que prevé elevar a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, que está obligada a pronunciarse en un mes.

El calendario que maneja el actual equipo de Gobierno pasa por lanzar el concurso para contratar al experto independiente este mismo viernes, trabajo que deberá estar hecho y analizado por la secretaría general del consistorio en un plazo máximo de tres meses, para remitirlo a la comunidad, lo que dilata hasta septiembre-octubre la decisión final, según El Confidencial.

Existen numerosos informes jurídicos y técnicos contradictorios, lo que hace imposible tomar una decisión fundamentada y transparente. Pero tanto Aedas como del centenar de vecinos que han dado ya 25.000 euros de entrada, están al límite de su paciencia.

De hecho, el temor de los vecinos es que este nuevo informe sea otra estrategia para seguir dilatando en el tiempo la concesión de la licencia.

Por otro lado, hay un cúmulo de incongruecias en torno a esta concesión, como el hecho de que el expediente no estuviera informatizado, que impide seguir el rastro de quién accedía a él; que haya sido revisado tres veces, sin que nadie lo haya impugnado, o que el arquitecto municipal que ha llevado históricamente el expediente haya sido retirado del caso tras pedir su recusación la promotora por sospechas de que su único fin era bloquear la licencia.