La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha pedido este miércoles un fondo de garantía de la Unión Europea para avalar los cupones de viaje con los que las aerolíneas piden poder reembolsar a los pasajeros que han sufrido la cancelación de sus vuelos por culpa del coronavirus, con el fin de asegurar que los afectados recuperarían el dinero en caso de insolvencia de las compañías.
En conversación telemática con sus socios de la UE, Maroto ha confirmado que España es partidaria de suspender temporalmente los derechos de los pasajeros que obligan a las aerolíneas y turoperadores a reembolsar con dinero los vuelos anulados por el coronavirus.
Las normas de la UE prevén que las compañías ofrezcan un bono de viaje canjeable más adelante, pero solo como opción «voluntaria» que el usuario puede rechazar para exigir recuperar su dinero, tal y como Bruselas subraya desde el inicio de la pandemia pero que una docena de Estados miembro han pedido poner en suspenso para aliviar la falta de liquidez de las aerolíneas.
En el marco del paquete para relanzar el turismo que presentó la semana pasada la Comisión Europea, la vicepresidenta responsable de Competencia, Margrethe Vestager, sugirió que fueran los Estados miembro los que pongan en marcha esquemas de avales públicos que garantice el desembolso en casos de insolvencia.
En opinión de Bruselas, el apoyo a las aerolíneas en este caso no debe encaminarse en ningún caso a la modificación o relajación de los derechos que asisten a los pasajeros sino en hacer «más atractivos» los cupones porque ello mejoraría su aceptación por parte de los viajeros.
Pero en la reunión de ministros de Turismo, Maroto ha defendido que se debe «permitir temporalmente» a las compañías aéreas ofrecer a los pasajeros estos cupones «en lugar de reembolsos», pero siempre que sean «emitidos en condiciones uniformes para toda la UE», según ha informado el Ministerio en un comunicado.
Según ha argumentado la titular española a sus socos, para garantizar los derechos de los pasajeros ante el riesgo de insolvencia de las compañías aéreas «sería necesario crear un fondo de garantía europeo, dado que la reglamentación es de carácter supranacional y una solución nacional generaría protecciones asimétricas a los pasajeros según cada país».
ACUERDOS BILATELARES PARA REABRIR FRONTERAS
En una rueda de prensa posterior a la videoconferencia a 27, el ministro croata de Turismo y presidente de turno de la UE, Gari Capelli, ha confirmado que existen «algunas divisiones» entre los Estados miembro respecto a cómo afrontar las dificultades de las aerolíneas.
Los Veintisiete tampoco han logrado en esta ronda de contactos fijar una posición respecto a los protocolos que pide Bruselas para coordinar a nivel europeo la reapertura progresiva de las fronteras interiores y poder así relanzar el turismo intraeuropeo este verano.
En opinión de España, según el comunicado del Ministerio que dirige Maroto, la desescalada en los pasos fronterizos debe darse en etapas escalonadas, con un enfoque coordinado y pactado entre los Estados miembro, como estrategia para «lograr una normalización gradual» de los viajes transfronterizos.
De este modo, l ministra ha pedido a sus socios coordinación «para levantar las normas de confinamiento y cuarentena, así como en la restauración de los servicios de turismo y transporte».
Entretanto, el ministro croata ha explicado que harán falta «más discusiones» a Veintisiete para avanzar en tal coordinación, aunque ha subrayado la «responsabilidad» con la que actúan todos los Estados miembro y el compromiso de basar las decisiones en la situación epidemiológica en cada momento.
«Somos todos responsables y nadie quiere tomar riesgos innecesarios, hace solo un mes estábamos en un confinamiento total y ahora estamos tratando de abrir nuestras fronteras de forma responsable», ha argumentado Capelli.
Así las cosas, el ministro croata ha fiado los avances en materia fronteriza a «acuerdos bilaterales» entre países con situaciones sanitarias y medidas similares, que les permita ir reabriendo el paso a la circulación terrestre, aérea y marítima «en uno o dos meses máximo», al ritmo en que avance el control de la pandemia.
