El dato es revelador: dos de cada tres empresas sufre el impacto negativo de la morosidad en su cuenta de resultados. Y ahí entran en juego tanto pymes, micropymes y autónomos. Tanto, que una de cada diez va más allá: cerrarán por culpa de los impagos. Son los resultados de un estudio llevado a cabo por Crédito y Caución e Iberinform entre empresas de todo tipo, tamaño y sectores.
En una situación como la actual, desencadena por el coronavirus, la morosidad es un pesado yugo sobre todo para pymes y autónomos. Porque genera tensiones de liquidez. Y afecta sobremanera a la operativa diaria, sobre todo de las de menor tamaño. Que el pez grande no acabe pagando al pez chico hace que este, a su vez, no cumpla con sus compromisos.
El 70% de las empresas confirma plazos de pago más largos en el sector privado, y el 28% en el sector público
En concreto, los pagos pendientes a proveedores por parte de las administraciones públicas son de 15.000 millones de euros. Mientras que las compañías del Mercado Continuo con balances saneados tienen pendientes de liquidar 122.000 millones de euros. Por eso, y desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) piden que, mediante un Real Decreto Ley, se obligue tanto a AAPP como a las grandes compañías a realizar estos pagos.
De no llevarse a cabo esta medida, y otras solicitadas, “la dramática y preocupante situación que viven los autónomos, micropymes y pymes” tendría consecuencias funestas. Así lo han calificado desde PMcM, que hace hincapié en que, con la pandemia, “el 70% de las empresas confirma plazos de pago más largos en el sector privado, y el 28% en el sector público”.
EL MUNDO AL REVÉS DE LOS AUTÓNOMOS
Echando la vista atrás, eran los autónomos, las micropymes y las pymes quienes más sufrían los impagos de los proveedores. Ahora ellos también están en la misma tesitura debido a su falta de liquidez por la crisis sanitaria. Un cambio que, según la PMcM, pone en evidencia que se trata del colectivo menos protegido por las ayudas del Estado.
Entre las medidas que solicita esta plataforma para que no se llegue “a una situación de impagos sin precedentes en España”, está una que afecta a las grandes compañías. Si estas se acogen a ERTES, y piden la ayuda del ICO, por ejemplo, su aprobación debería condicionarse a que hayan liquidado sus cuentas con los proveedores. Ante la crisis del covid-19, tres de cada cuatro empresas encuestadas por la PMcM estima que hubiera sido útil un Régimen Sancionador que multara a las empresas morosas.
Quienes más sufren los impagos de las grandes compañías y de la administración pública son los subcontratistas en adjudicaciones públicas. La mitad de las firmas encuestadas confirman que se han alargado los plazos de pago por parte de los contratistas principales. Y un dato escalofriante: sólo al 0,4% de los subcontratistas se les ha ofrecido poder cobrar directamente de la administración en vez del contratista principal.
Hay otras medidas que aclararían la situación para autónomos, micropymes y pymes. Según las empresas contactadas por la PMcM, que el Gobierno no obligue a liquidar el IVA facturado y no cobrado; que las AAPP se aseguren que los contratistas paguen a los subcontratistas manteniendo la liquidez a lo largo de todo el proceso de compras públicas; o que se modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria para liberar parte de los 12.000 millones de euros de remanente que tienen los Ayuntamientos retenidos en las cuentas por temas de estabilidad presupuestaria.
