Algunas comunidades autónomas estiman que las empresas son un becerro al que, de forma recurrente, se puede gravar con tasas e impuestos para cuadrar los presupuestos regionales. Endesa, junto a otras compañías eléctricas, sufrirá un golpe fiscal en Cataluña con difícil resolución a corto plazo.
La situación es que la Generalitat de Cataluña ha incluido un impuesto adicional en los presupuestos regionales que presentó hace uno días que obligará a tributar la producción, almacenamiento y la transformación de energía eléctrica, así como el transporte de ésta. Un impuesto, además, que añade ciertos servicios de telefonía que se realizan a través de enclaves fijos (torres eléctricas y de telecomunicaciones).
La principal afectada, en el ámbito energético, es Endesa. Por volumen de negocio en Cataluña, y porque estos impuestos afectan a su negocio nuclear en tierras catalanas, donde es propietaria del 100% de la central de Ascó y del 85% de Vandellós 2 (Iberdrola tiene el 15%). Con la aplicación de este impuesto las nucleares reciben una triple imposición sobre la generación de residuos de las centrales nucleares.
Desde Endesa descuentan un impacto aproximado de 58 M€ en el segundo semestre de este año. Todo ello saldría adelante pese a que dicho impuesto, según expertos legales, sería inconstitucional. No obstante, el problema para la compañía dirigida por José Bogas serían los plazos judiciales ante el posible recursos.
Según un informe de JPMorgan al que ha tenido acceso MERCA2, cualquier litigio legal en el que incurriese Endesa le llevaría a unos trámites prolongados en el tiempo durante algunos años. Mientras, tendría que hacerse cargo de esos impuestos que impactarán sobre la energética en más de 100 M€ anuales, de forma aproximada.
ENDESA Y LA NUCLEAR
En materia nuclear, precisamente la semana pasada se conoció que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha otorgado su visto bueno para que la central nuclear de Almaraz continúe en funcionamiento hasta el 2028. En concreto, ha dado luz verde para que la unidad I de la planta siga operando hasta el 1 de noviembre del 2027 y la unidad II hasta el 31 de octubre del 2028.
La petición para la prórroga de la vida útil de Almaraz se presentó en marzo del año pasado, apenas unos días después de que sus tres propietarias -Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%)- llegasen a un acuerdo para pedir 7,4 años más para su primer reactor (que inició su funcionamiento en 1981) y 8,3 años para el segundo (que lo hizo en 1983). Un pacto que se alcanzó después de meses de negociación entre ellas para convenir los términos en los que debía solicitarse la renovación.
El acuerdo también incluía que los tres socios aceptasen realizar de forma conjunta unas inversiones de 400 millones de euros, con la opción de elevarlas a lo sumo un 50% -hasta algo más de 600 M€- si así lo requerían las exigencias impuestas por el CSN para extender la actividad de la central. En el caso de que este listón se superase, las tres eléctricas deberán reunirse para decidir si siguen adelante con la operación de la planta.
