El Gobierno de Argentina ha anunciado este miércoles que no hará frente al pago de los intereses por un valor de 500 millones de dólares, amparándose en el periodo de gracia de 30 días del que dispone y tras el cual deberá decidir si se declara oficialmente en suspensión de pagos, no si antes los acreedores aceptan su oferta de reestructuración de la deuda.
A través de un comunicado, el Ministerio de Economía ha explicado que su decisión está en consonancia con la propuesta que el Gobierno del presidente, Alberto Fernández, ofreció hace una semana al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a sus acreedores, en la cual se contempla una moratoria de tres años para comenzar con los pagos y una reducción del 62 por ciento del valor de los intereses y de una quita de capital de deuda del 5,4 por ciento.
«Es en el marco del lanzamiento de esta oferta, cuyos términos expiran el día 8 de mayo de 2020, que la República decidió valerse de los períodos de gracia contemplados», tal y como se puede leer en el documento emitido por la cartera de Economía, y en el que también se ha vuelto a subrayar la «voluntad de pago» del Estado, pese al «gravísimo contexto internacional que se ha generado producto de la pandemia del nuevo coronavirus».
Como ya explicó hace una semana el titular de Economía, Martín Guzmán, el objetivo del Gobierno de Argentina al presentar esta oferta es lograr un «endeudamiento sostenible», que sea compatible con las obligaciones de pago y con el «crecimiento sustentable en el mediano y largo plazo, que mejore la capacidad de repago futura y los indicadores sociales básicos.
La oferta del Gobierno argentino, que implica una emisión de deuda equivalente a unos 64.800 millones de dólares, necesita de la aprobación de al menos el 70 por ciento de los acreedores, en caso contrario, Argentina entrará oficialmente en suspensión de pagos para finales del mes de mayo por segunda vez en una dos décadas.
«El PAGO NO PUEDE POSTERGAR AL PUEBLO ARGENTINO»
Hace una semana, cuando el Gobierno de Fernández puso esta propuesta encima de la mesa, el jefe del Estado argentino argumentó que si bien existe el interés por «asumir las obligaciones con el mundo financiero», esto no podía significar «más postergaciones para los argentinos», ya que «lo están pasando mal».
«Sabemos que tenemos un problema que resolver y que la economía del mundo se ha dado vuelta y con la misma buena fe la seguimos llevando adelante y proponiendo una solución», apuntó entonces Fernández.
La reestructuración de la deuda ha sido una de las prioridades del Gobierno de Fernández desde que asumió el poder del pasado 10 de diciembre, después de la crisis desatada en 2018, donde Argentina quedó al borde del cese de pagos.
El anterior presidente argentino Mauricio Macri solicitó al FMI un megacrédito de 56.300 millones de dólares, de los cuales sólo se recibieron cerca de 44.000 millones después de que Fernández, tras asumir la jefatura del Estado, decidiera rechazar los préstamos restantes ya que fueron utilizados sin control por el antiguo gobierno y destinados a «financiar la fuga de capitales».
