Por un momento, más de uno ha sentido el dèjá vu, al tiempo que Pedro Sánchez pronunciaba las palabras: «Una línea de avales de 100.000 millones de euros». La frase nos retorna al 13 de octubre de 2008 cuando el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, también socialista y también tras un Consejo de Ministros, aprobó una línea de avales para las operaciones de financiación de la banca por valor de 100.000 millones. Quizás la mayor diferencia está en la cara, y no por gallardía, sino porque Zapatero sonreía y Sánchez parece al borde del colapso.
La finalidad de la medida tanto en 2008 como ahora es prácticamente la misma: que la actual crisis de solvencia no se convierta, a su vez, en un shock de liquidez que destruya el tejido empresarial español. Y, de nuevo, el elemento central será el sistema bancario español. En aquel momento, el crédito dejó de fluir básicamente porque el mercado interbancario, el dinero que se prestaban unas entidades a otras, se cerró al crecer la desconfianza. Una situación que llevó a la firmas financieras a restringir el crédito a las empresas (aumentaron liquidez y reservas, su primera línea de defensa) provocando una crisis de liquidez.
Ahora, la película no es igual, pero tiene un fuerte parecido. Las empresas se enfrentan a unas semanas de parón casi completo y unos próximos meses muy difíciles. ¿Cuáles van a sobrevivir y cuáles no? Nadie tiene respuesta. Por ello, de nuevo se teme que la banca restrinja el crédito que les hace llegar. Una situación que en poco tiempo lleva directamente a una nueva crisis de liquidez. Por eso, el Gobierno intervino 12 años atrás y lo vuelve hacer ahora. En 2008, para dar dinero fresco a la banca para que seguir prestando. En 2020, el objetivo es respaldar los préstamos y que los bancos no desconfíen.
EL ESTADO, DE NUEVO, COMO PRIMER PAGADOR EN CASO DE QUIEBRA
Pese a que el canal al que se dirige el Gobierno no es el mismo, en 2008 era el mercado interbancario (grosso modo) y en 2020 es directamente el de crédito. Al final, el resultado es el mismo: el Estado ejecutará el pago de esa deuda contraída siempre que haya quiebra. Aunque con un matiz, ya que doce años atrás solo respondía por los problemas de la banca (que se creía sólida). Ahora, deberá asumir en cierta manera cada impago (se estudiarán fórmulas distintas) que realice una empresa a una entidad si se ha realizado a través de dicha extensión de crédito. Esto es que en lugar de un gran agujero, como lo fue Bankia, habrá un goteo continuo de pagos por parte de las arcas públicas.
La medida pretende ser eficaz porque se utilizará el mejor canal existente, al menos en España, para hacer llegar el efectivo a las pymes que es la banca. Las entidades mantienen líneas abiertas con un gran número de ellas, de las que poseen mucha información para garantizar que la transmisión se realiza con seguridad y se minimizan los daños. Aun así, un gran número de ellas, en especial las más pequeñas, deberán nutrirse de líneas de crédito públicas como las que provee el ICO. Pero, en este punto también hay un problema latente, ya que el propio Zapatero ya utilizó esta técnica entre 2010 y 2012, se le llamó ICO Directo, y ha arrastrado una morosidad del 83% una década después.
MEJOR POSICIONADOS, GRACIAS AL BCE
El papel del BCE en la última década ha sido tan loado como criticado. Sus políticas expansivas han corroído los mercados y han dejado poco margen, es verdad. Pero también, han dispuesto de un escenario más fácil para superar una crisis de solvencia. Para entenderlo hay que volver años atrás. En los primeros compases de la crisis, el Gobierno siempre estuvo unos pasos por detrás, España no fue capaz de cerrar de manera creíble su crisis bancaria. La razón es que ni dejó quebrar a las entidades, asumiendo los bonistas y depositantes el golpe, ni tampoco las rescató.
La situación terminó empeorando, dado que el capital privado no estaba disponible y el Banco de España no tenía ya funciones monetarias. Ahora, la situación ha cambiado radicalmente, ya que la liquidez fluye gracias a las fuertes inyecciones de liquidez del BCE, denominadas TLTRO. Además, las exigencias continuadas a los bancos de que aumenten su capital, reservas para impagos, he generado un sistema mucho más solido y resistente a las contracciones. Por último, ha velado que dentro de ese fortalecimiento se articulen de tal manera que un banco puede rescatarse a sí mismo, sin ayuda de los contribuyentes.
Pero, todo ello no será tan fácil. Todos los mecanismos y supervisión del BCE también ha hecho más rígido el canal de crédito, las provisiones se desembolsan antes de que la empresa tenga problemas, y les ha hecho menos rentables al tener los tipos en negativo. De hecho, su continua caída en Bolsa se atribuye a su baja rentabilidad, beneficios entre capital. Ahora, los créditos a empresas son recibidos con júbilo, son mucho más rentables, pero se deberá controlar que no se otorguen a la ligera, puesto que el último responsable es de nuevo, y doce años después, el contribuyente.
