La Policía Nacional tuvo que desalojar varios call center el lunes, entre ellos uno de Badajoz y otro de Jerez de la Frontera (Cádiz). La razón: no cumplían las medidas de prevención de riesgos laborales en los puestos de trabajo, dadas las circunstancias.
Las empresas de telemarketing de toda España denuncian que nadie vigile si se respetan o no las distancias entre el personal, que se limpien los puestos en los cambios de turno, que haya aglomeraciones en los comedores o que los baños de muchos de ellos son compartidos.
Pero sobre todo, no entienden porque muchos de los trabajadores están obligados a acudir al centro de trabajo pese a estar en cuarentena. Ni porque no les dejan trabajar desde casa, o directamente, parar de trabajar ya que en ocasiones anteriores no se han cubierto ni los servicios mínimos.
Por ello, muchos de estos centros de llamadas que atienden a clientes de empresas, han amenazado con parar su actividad si no hay una respuesta de algún organismo público para poner límites y evitar el contagio este miércoles.
¿QUÉ PUEDE HACER EL GOBIERNO?
Como las empresas siguen haciendo lo que quieren, el Gobierno puede intervenir y ordenar que se paralice la actividad de estos centros si no se está garantizando la seguridad y protección de los trabajadores frente a la epidemia de coronavirus.
Por una parte, puede obligar a que estas empresas justifiquen si se están cumpliendo estrictamente los artículos 14 y 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y también, si dadas las aglomeraciones de sus trabajadores, podrían explicar ante la autoridad laboral el carácter esencial de sus obras y servicios. Es decir, si su trabajo es tan importante como para que se siga haciendo.
Tan grave es la situación, que la Confederación General del Trabajo (CGT) lleva días exigiendo a los contact center y call center toda la información posible sobre los riesgos que se están produciendo.
Aunque ya reconocen que las empresas obligan a ir a trabajar a decenas de miles de personas para realizar servicios no esenciales, y que en el pasado nunca han sido decretados como servicios mínimos. Pero casualmente, en esta ocasión son fundamentales para las multinacionales que los tienen subcontratados.
EL TELETRABAJO, PARA ALGUNOS
Según denuncia CGT, las grandes empresas ofrecen teletrabajo y permisos retribuidos a sus empleados, pero muchos de ellos prohíben a sus subcontratas dejar de prestar servicio temporalmente. Y estas subcontratas, se han negado a tratar esta situación en los términos recogidos en la normativa sobre salud laboral como un “riesgo grave o inminente”.
Por ello avisa de que en Madrid (aunque ya se ha extendido a otras ciudades) hay casos diagnosticados de coronavirus y gente en cuarentena que está yendo a sus puestos de trabajo. Y esto, mientras las empresas se niegan a reconocer un riesgo “inminente e inevitable”.
Además, se están negando a interrumpir la actividad y dejar que las personas abandonen de inmediato los centros de trabajo.
