Las nuevas obligaciones del Registro de nombres de los pasajeros (PNR) supondrán un coste de 250 millones de euros para las compañías aéreas, según los cálculos del Gobierno recogidas en la memoria de impacto económico del proyecto de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Y es que el proyecto de ley establece la obligación para las aerolíneas de remitir a las autoridades de los Estados miembros los datos sobre vuelos que entran o salen de la UE, para su utilización en las tareas de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos terroristas y delitos graves.
En su memoria de impactos, el Ministerio de Interior reconoce que «la norma va a tener un impacto negativo en el sector al que se van a imponer obligaciones», ya que las compañías aéreas deberán remitir los datos PNR que actualmente recopilan y datos personales de pasajeros a la Unidad de Información sobre Pasajeros española (UIP), encuadrada en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
Esto supondrá una nueva carga administrativa y se cuantifica en dos euros el coste unitario por cada comunicación, y se estima que la mitad de los pasajeros que llegan y salen de aeropuertos españoles se verán afectados por el registro, estimándose así el coste de las cargas en 249,2 millones de euros al año.
PRODUCTO DE CÓDIGO ABIERTO SIN COSTE PARA AEROLÍNEAS
En todo caso, Interior recuerda que las aerolíneas pueden utilizar para la comunicación de estos datos, que debe hacerse por medio electrónico, un producto de código abierto de la Comisión Europea, Dominus, que se suministra bajo licencia pública de la UE, sin implicación de gasto para las compañías.
Asimismo, para evitar mayor impacto en compañías que no operen vuelos con arareglo a un calendario concreto y público o que no cuenten con infraestructura para hacer frente a este protocolo, el proyecto de ley permite acordar con las autoridades un medio electrónico siempre que se realice con «garantías de seguridad adecuadas».
SANCIONES DE HASTA 300.000 EUROS
El proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros este martes, permite trasponer la directiva comunitaria PNR de 2016, para la cual los Estados miembros tenían un plazo de dos años.
En virtud de esta norma, las compañías están obligadas a proporcionar a las autoridades de los Estados miembros los datos sobre vuelos que entran o salen de la UE. La trasposición recoge un régimen sancionador con multas de entre 20.000 euros hasta los 300.000 euros.
En el proyecto de ley, el Ministerio de Interior subraya que la UIP es la única competente para recibir, tratar y analizar los datos PNR enviados por las compañías aéreas y responsable de la transmisión de los mismos o del resultado de su tratamiento ante las autoridades.
