Hasta cuatro reuniones mantuvieron este martes las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA con diferentes actores políticos. Todos ellos les mostraron su «solidaridad» y su «compresión», pero los agricultores y ganaderos están hartos de «las buenas palabras» y de la «promesas vacías» de los políticos, quieren soluciones concretas a la crisis de su sector y las quieren ya.
Según confirmaron a Merca2 fuentes de las asociaciones, éstas buscan que sus reivindicaciones sean atendidas por «la vía de la urgencia» y que se saque «toda la artillería política» para paliar la injusta situación que están viviendo los trabajadores del campo.
Mientras las movilizaciones por las crisis del sector agrario continuaron este martes -por quinta semana consecutiva- en Extremadura y Andalucía provocando cortes en carreteras y dejando patente el profundo malestar que sufre el sector, los colectivos agrícolas desfilaron por el Congreso de los Diputados para reunirse con representantes de los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Ciudadanos (mañana lo harán con Vox).
Por la tarde se trasladaron la ministerio de Trabajo para dialogar con la ministra Yolanda Díaz y con el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, después de que estos les hubieran dado «plantón» el pasado viernes.
Unas reuniones que aunque provocaron «buenas sensaciones» no terminan de culminar en una legislación tangible y, además, tienen a los agricultores y ganaderos un tanto mareados por tener que tratar con un excesivo número de interlocutores.
INTERLOCUTOR ÚNICO, AGRICULTURA
Tal y como confirmó este martes el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, las organizaciones consideran que su único interlocutor debería ser el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con Luis Planas a la cabeza.
Ramos matizó que no tienen «ningún problema» en acercarse a cada ministerio y mantener distintas reuniones pero explicó que lo lógico sería tener toda la interlocución centrada a través del ministerio que les corresponde que, insistió, es el de Agricultura.
En este mismo sentido se manifestó Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando subrayó las «escasas competencias» que tiene el departamento que dirige para poner fin a la crisis del sector.
Una afirmación que, sin embargo, resulta cuestionable si se tiene en cuenta que una de las mechas que contribuyeron a encender las protestas fue la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros, una medida que sí cobija el paraguas de las competencias de Trabajo.
REUNIÓN CON PEDRO SÁNCHEZ
Mientras que las fuentes consultadas por este periódico señalaron que las organizaciones querrían reunirse ya con Pedro Sánchez para abordar la situación, el responsable de UPA adelantó que representantes socialistas les han indicado que el presidente del Gobierno está dispuesto a reunirse con ellos únicamente una vez esté aprobado el paquete de medidas contra la crisis agraria.
Entre estas medidas los colectivos piden la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada por el Gobierno del PP en 2013 para que si «alguien trata de abusar de una posición de dominio todo el peso de la ley caiga sobre él».
«Igual que nosotros cuando se nos sube el SMI lo tenemos pagar porque sino viene un inspector de trabajo y nos denuncia, también tiene que haber una ley que nos proteja y que asegure que cuando pongamos el producto en el mercado como poco vamos a cubrir el coste de producción», señaló Ramos.
En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este martes que el Gobierno modificará «a la mayor brevedad posible» esa ley con el objetivo de que tenga «más transparencia», que haya más equilibrio entre las partes y se logre un reparto «más justo» del valor de los productos a lo largo de los distintos eslabones.
