Deoleo recibirá un cobro estimado entre 8 y 12 millones de euros tras alcanzar una serie de acuerdos extrajudiciales que ponen fin a los litigios con los hermanos Jesús Ignacio y Raúl Jaime Salazar Bello por el presunto desfalco de la mercantil SOS Cuétara, que llevaban años tramitándose en la Audiencia Nacional.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal tenía previsto iniciar este viernes el juicio contra los hermanos Salazar Bello por un presunto fraude de más de 230 millones de euros cometido cuando estaban al frente de la compañía. La Fiscalía rebajó notablemente su petición de pena de prisión para ambos tras alcanzar un acuerdo conformidad con su defensa.
El fabricante de Hojiblanca y Carbonell ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que tras completarse estos acuerdos, se asegura el cobro efectivo de unas cantidades por un importe neto estimado de entre 8 y 12 millones de euros en función del valor de realización último de algunos activos que serán transmitidos en pago a la sociedad, una cifra inferior a la solicitada inicialmente en el inicio del proceso.
Deoleo ha señalado que la revisión de este procedimiento puso de manifiesto por un lado, unas expectativas de cobro remotas, dada la «práctica insolvencia» de los ex administradores y grandes dificultades de cobro, lo que conllevaba un «elevado coste, económico y en tiempo», y por otro, la exigencia de los acreedores con los que se negocia la reestructuración financiera, en el sentido de concluir esta situación para que se eliminen todas las posibles contingencias por reclamaciones, y las incertidumbres asociadas a las mismas.
De esta forma, Deoleo da por «concluidos» todos los procedimientos judiciales que tenía pendientes relacionados con los antiguos gestores de la sociedad y se retira todas las reclamaciones económicas que existían contra ella.
La multinacional española ha afirmado que tras alcanzar estos acuerdos puede encarar la última fase de negociación de los diversos contratos en los que se documenta y ejecutar la refinanciación del grupo que está actualmente en curso, de forma que pueda cumplirse con el calendario de cierre estimado.
UN PROCEDIMIENTO QUE SE REMONTA A 2009
Los hermanos Salazar se encontraban inmersos en este procedimiento judicial desde 2009 cuando el grupo SOS Cuétara presentó una querella contra los hermanos por un presunto fraude de más de 230 millones de euros cometido cuando estaban al frente de la compañía. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu concluyó la instrucción de este caso en octubre de 2016.
Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, los acusados actuaron «de común acuerdo, en perjuicio de la sociedad, valiéndose de sus posiciones en la compañía –Jesús como presidente de SOS Cuétara y Jaime como vicepresidente–» para ir transfiriendo cantidades dinerarias desde la tesorería de la empresa a otras vinculadas a ellos, como Cóndor Plus, «sin que conste que dicha operativa fuera conocida ni autorizada formalmente por sus órganos de administración social».
Por ello, les acusaba de haber cometido un delito societario en concurso con un delito continuado de apropiación indebida, delito relativo al mercado y a los consumidores. Asimismo, a Jesús también le atribuye el delito de estafa e insolvencia imponible.
En el escrito, el Ministerio Público subrayaba la aplicación de las atenuantes de dilaciones indebidas, reparación del daño y reconocimiento de los hechos de acusación, por lo que decidió modificar su petición de pena y solicitar para el que fuera presidente de la sociedad un año y nueve meses de cárcel y una multa de 4.200 euros, mientras que para su hermano pedía 10 meses y 15 días y una multa de 2.400 euros.
Además, este «acuerdo extraprocesal» alcanzado deja también fuera la responsabilidad civil, sin perjuicio de que en la sentencia se acuerde «la entrega en metálico y los títulos depositados en las cuentas de las compañías instrumentales» a favor de Deoleo, señala la Fiscalía.
