No es la primera vez ni será la última que agricultores y productores se reivindiquen contra una cadena agroalimentaria cuyo último eslabón son los supermercados. Su principal enemigo y con el que el Gobierno pretende dialogar en un debate, el de los precios, que amenaza con pasar factura a los consumidores si no se encuentran soluciones. Y modificar la polémica venta a pérdidas es una de ellas. Pero, ¿es la solución?
El origen y la clave del problema está en el precio. Por un lado, el que recibe el agricultor o productor por la venta de sus productos y, por otro, el de venta al público una vez que llega al supermercado o tienda. La queja fundamental es que los primeros venden a precios muy bajos, incluso por debajo de los costes de producción, mientras que los segundos lo hacen con márgenes muy elevados.
Los supermercados se defienden. “Estamos preocupados por la situación, pero dispuestos a dialogar con el Gobierno y las organizaciones agrarias para solucionarlo. Ya hay soluciones en marcha y hay otras que se pueden tomar. El límite está en que el consumidor no puede pagar lo que la cadena alimentaria no puede hacer de forma eficiente”, explica a MERCA2 el director de Asociación Española de Distribuidores de Autoservicio y Supermercados (Asedas), Ignacio Magarzo.
Y es aquí donde entra en juego el Gobierno, que pide autocrítica a las grandes distribuidoras y ya se ha reunido con algunas de ellas, como Carrefour. Sin embargo, son ellos quienes tienen precisamente la llave para cambiar la Ley de la Cadena Alimentaria. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reconoció que los retos de esta reforma son “incluir las prácticas de competencia desleal” y “evitar la venta a pérdidas”. No obstante, fuentes del sector aseguran que “se trata de una solución a medio plazo y es una gran ayuda, pero no garantizan que solucione el problema”.
Cuando hablamos de venta a pérdidas nos referimos a la que se realiza por debajo del precio de coste de producción de un producto. Aceite, cítricos y lácteos son los más afectados por esta práctica, mientras que DIA y Lidl las cadenas más acusadas de practicarla.
A VUELTAS CON LA VENTA A PÉRDIDAS
Lo curioso es que ya se ha reformado en varias ocasiones. El octubre de 2018, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley que modifica el artículo de la Ley de Comercio Minorista que regulaba la venta a pérdidas y que declaró nulo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia de 2017.
Con esta nueva ley se considera venta a pérdida en cuatro supuestos: cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos del mismo establecimiento; al tener por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno; si forma parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor y cuando forme parte de una práctica comercial que contenga información falsa sobre el precio o su modo de fijación. Conceptos ambiguos y confusos para las organizaciones.
No obstante, esta modificación no gustó a Asaja, UPA, Coag y Cooperativas Agroalimentarias; por lo que el ministro aseguró que estaban dispuestos a realizar modificaciones. Algo que no llegaron a hacer.
En España la práctica de la venta a pérdidas está recogida también en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. En su artículo 17 dice que la fijación de precios es libre. Y que la venta realizada a bajo coste es desleal cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos, tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor.
Cabe recordar que en 2005 la directiva europea estableció de forma clara y precisa cuáles son las prácticas desleales en las relaciones comerciales. Dicha directiva añadió 31 prácticas que consideraba irregulares, donde no se incluye la venta a pérdidas.
Además, una sentencia europea dio la razón a una empresa española. La Región de Murcia impuso una sanción de 3.001 euros a la empresa de alimentación Europamur por supuesta venta a pérdida a productos domésticos y de alimentación a supermercados y tiendas de barrio. El caso acabó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), donde se dio la razón a la empresa por encima de la ley española.
