En las últimas semanas, España se ha sumergido en una ola ecologista. Desde la celebración de la COP 25 en Madrid en diciembre del año pasado, hasta la declaración de la emergencia climática y ambiental, los últimos acontecimientos han estado teñidos de verde. En este contexto, el Gobierno ha vuelto a reafirmar su apoyo a la propuesta de la Comisión Europea para establecer un mecanismo de ajuste en frontera, cuyo objetivo es penalizar las producciones más contaminantes de empresas de terceros países. En concreto, España aboga por imponer un arancel ambiental para proteger la industria europea frente a las prácticas de otros competidores, gravando las importaciones de productos con alta huella carbónica precedentes de regiones extracomunitarias. Esto, con el fin de forzar a países que carecen de conciencia medioambiental, como es el caso de China, a adoptar medidas orientadas a disminuir la huella de carbono. Lo que permitiría, además, fomentar cadenas de suministro sostenibles, un objetivo que persigue la UE y que ha quedado claro el año pasado cuando Bruselas anunció su plan para importar únicamente productos “libres de deforestación”.
En el último tiempo, la UE ha dejado clara su intención de endurecer los estándares e implementar certificaciones para evitar que ingresen al mercado europeo, productos que acarrean un alto impacto ambiental. El objetivo, al igual que el del plan de aranceles, es condicionar la compra de productos al cumplimiento de compromisos ambientales. Uno de los ejemplos más recientes de ello es el de la iniciativa promovida por la Comisión el año pasado, en medio del recrudecimiento de la tensión en Brasil por las políticas del presidente Jair Bolsonaro respecto a la explotación comercial de la Amazonia. Un proyecto basado en la obtención de materias primas de exportación, a partir de la deforestación, de la contaminación y de los abusos de los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas.
Entre las medidas contempladas en la iniciativa, Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea, destacó por ejemplo, la inclusión de advertencias que permitan identificar aquellos productos elaborados sin repercusión sobre la deforestación. Lo que, en palabras de Timmermans “ayudaría al consumidor a tomar una decisión informada sobre lo que compra”. Algo que por el momento, no sucede en España, donde gran parte de los consumidores aún desconocen el origen de los productos que llegan a sus hogares, como el papel.
En 2006, Greenpeace demostró cómo el consumo de papel en España colaboraba con la destrucción de los bosques de Indonesia. Algo que probablemente los consumidores desconocían. Según Greenpeace España, empresas como Torraspapel e IDISA compraban y distribuían productos papeleros de Asia Pulp and Paper (APP), empresa perteneciente al conglomerado chino indonesio Sinar Mas de la familia Widjaja, también propietaria de Paper Excellence (PE). APP, principal compañía de la pulpa y el papel en Indonesia está implicada en la tala ilegal y violaciones de derechos humanos en Indonesia y China.
Ya en 2006, Greenpeace comunicaba que “a pesar de la propaganda y las declaraciones públicas de APP a favor de la conservación de los bosques de interés ambiental, la realidad es que la empresa sigue destruyendo bosques naturales”. Años más tarde, en 2008, Greenpeace volvió a acusar a Torraspapel luego de que esta realizara un pedido de papel de oficina fabricado por APP en la factoría Indah Kiat, en la isla de Sumatra, donde APP lleva años practicando talas ilegales en bosques de alto valor para la conservación.
Pero lamentablemente, esta no es la excepción a la regla. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), entre 1990 y 2008 las importaciones y el consumo de Europa derivaron en la deforestación de alrededor de 9 millones de hectáreas. En 2013, al posicionarse como la región del mundo que importaba más productos ligados a la deforestación tropical, la UE se comprometió a recortar en un 50% la deforestación tropical neta para este 2020. Sin embargo, un dato reciente aportado por Timmermans demuestra que el objetivo no se ha cumplido ya que la UE representa un 10% del consumo final de productos asociados a la deforestación. Productos, como aceite de palma, carne, cacao, maíz, madera, papel y caucho, fruto de la deforestación, aún llegan al mercado europeo. Lo que pone en manifiesto la necesidad de imponer restricciones para lograr que se excluyan del mercado productos que no sean sostenibles.
Además de las medidas comerciales destinadas a disuadir a otros países a que continúen deforestando, se debe asumir un compromiso mayor para excluir la deforestación y la contaminación de las cadenas de suministro. Después de todo, la gestión responsable de las cadenas de suministro es un punto importante dentro de la estrategia de comercio e inversión de la UE. Es por ello que se debe exigir una mayor transparencia de las corrientes de inversión relacionadas con la deforestación y con la contaminación medioambiental para así poder garantizar una cadena de suministro sostenible a nivel mundial que esté alineada con los valores promovidos por la Unión Europea.
Los esfuerzos individuales de cada país, como las medidas adoptadas recientemente por el gobierno español, son positivas, pero no suficientes para alcanzar un cambio verdadero y ponerse al día con las promesas incumplidas. España, al igual que los otros países miembros debe adoptar una actitud restrictiva y más firme con respecto a los productos importados de países con controles inadecuados de contaminación ambiental. De lo contrario, se continuará encubriendo el origen de los productos que llegan al país y disfrazando su huella medioambiental. Lo que a futuro, tendrá un alto costo.
