El interés de empresas públicas extranjeras por ganar el concurso de las 12 torres de control de Aena enciende las alertas sobre este proceso más allá incluso de las que genera el hecho de liberalizar un mercado estratégico. Los antecedentes en otros sectores, como el ferroviario, parecen otorgar cierta ventaja a las compañías públicas por delante de las privadas.
Recientemente, hemos visto como la francesa SNCF y la italiana Trenitalia (en consorcio con Air Nostrum) han sido seleccionada para entrar a competir con Renfe en la liberalización ferroviaria que se producirá a finales de este año. Y ahora la gestora de infraestructuras aeroportuarias italiana (Enav) y la estatal noruega (Avinor) han mostrado su interés por competir en el contrato, según avanzó ‘La Información’.
Frente a estas, las empresas privadas que actualmente gestionan 12 de las 21 torres de control que tienen Enaire. Las mismas torres que se licitan ahora. Por un lado, está Ferronats –empresa perteneciente a Ferrovial y creada en 2011– que gestiona el tráfico de Alicante-Elche, Ibiza, Valencia, Sevilla, Jerez, Cuatro Vientos, Sabadell, A Coruña, Vigo y Córdoba. Por su parte, Saerco tiene el servicio de control de tráfico aéreo (ATC) en los aeropuertos de Lanzarote y La Palma.
“En el caso de las torres de control es evidente que las empresas públicas como Enav o Avinor parten de una posición ventajosa. La capacidad financiera de las empresas públicas estatales y la posibilidad de practicar subsidios a cargo de los presupuestos generales del Estado, o subsidios cruzados provenientes de otros mercados, permite a estas ofrecer su servicio de gestión de torres de control a pérdida”, señalan fuentes cercanas al proceso.
¿Por qué podría producirse esta desventaja para las empresas privadas? “Estas políticas de precios restringen la entrada de operadores privados interesados en estos concursos, porque en la mayoría de los casos el precio del oferente es un factor determinante. Con este tipo de estrategias agresivas las empresas estatales buscan eliminar la competencia real y potencial”, señalan dichas fuentes. En este contexto, la guerra entre empresas públicas y privadas está servida.
Pero tiene más detractores. Desde la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) defienden que debería ser Enaire quien concursase para quedarse con las torres de control. “Queremos que Enaire las recupere y no esté en manos ni privadas ni de empresas estatales extranjeras”, afirma la portavoz de USCA, Susana Romero.
RECELOS A LA LIBERALIZACIÓN
Como en cualquier sector, la liberalización de un servicio público levanta ciertos recelos, excepto entre las empresas que se pueden beneficiar. En el caso de las torres de control –que gestionan el tráfico aéreo– no es la primera vez que se produce este proceso. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero inició este proceso en 2011, tras la huelga de controladores aéreos vivida a finales del año anterior y que supuso un antes y un después en el espacio aéreo español. De hecho, el juicio contra los 133 controladores que no llegaron a un acuerdo con la Fiscalía se está celebrando durante estos días.
Con Ana Pastor como ministra de Fomento en el Gobierno de Mariano Rajoy se paralizaron otras privatizaciones. El tema quedó guardado en un cajón. Y hace un año, el proceso de licitar más torres de control volvió a tomar importancia avalado, además, por un informe encargado por la Comisión Europea que insta a los aeropuertos a obtener servicios de control de torre mediante contrato o licitaciones competitivas porque considera que la liberalización puede ofrecer ganancias en eficiencia. Además, el gran pastel está en los aeropuertos grandes como Barajas y El Prat.
Motivo por el cual colectivos como la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) creen que volverán los intentos por privatizar todas las torres de control.
