El modelo low cost de Ryanair muestra síntomas de agotamiento. Prueba de ello son las últimas medidas de la compañía aérea en España que atentan directamente contra los derechos laborales de sus trabajadores en Girona o el anuncio de cierre de bases. El resultado de ello es el descenso del número de pasajeros en muchos aeropuertos que dependen de la compañía y una previsión de caída de tráfico para España del 2% en 2020.
El espacio aéreo español es muy sensible a los movimientos de Ryanair ya que tiene una gran dependencia de la aerolínea. Algo lógico teniendo en cuenta que es el principal operador del país con 46,8 millones de pasajeros transportados en 2018 (un 6,4% más). En el caso de Vigo, por ejemplo, la compañía decidió suprimir este año sus rutas en el aeropuerto de la ciudad porque el Ayuntamiento no cedió al chantaje de la low cost que pedía más subvenciones. Las consecuencias ya se están notando. En lo que va de año, el aeródromo ha perdido un 9,9% de pasajeros y no ha conseguido alcanzar el millón de usuarios.
Todo lo contrario que ha ocurrido en Girona, donde finalmente mantiene su base. Ryanair cobra alrededor de 3,5 millones de euros de administraciones catalanas por operar en las instalaciones de Vilobí d’Onyar (Girona), unos recursos que proceden del convenio firmado desde hace años entre la compañía y la Asociación para la Promoción y el Desarrollo de las Comarcas Gerundenses (AGI) y que se renueva anualmente en marzo.
Asimismo, la compañía aérea irlandesa mantiene para el próximo 8 de enero el cierre de las bases de Tenerife Sur, Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote. En estas ubicaciones, el tráfico aéreo no ha dejado descender. Hasta noviembre, el aeropuerto de Gran Canaria ha perdido un 2,4% de pasajeros, el de Lanzarote un 0,4%, mientras que el único que aguante la crisis turística en Canarias es Tenerife con un aumento del 1,4%, según datos de Aena.
Esta dependencia también tiene sus efectos a largo plazo en nuestro país. La propia Ryanair ha reconocido que prevé una caída del tráfico de pasajeros de un 2% en el conjunto de España en 2020, transportando a un total de 51 millones de usuarios, mientras que en Cataluña prevé dar servicio a 9,3 millones de viajeros, lo que se traduce en una caída de entre un 3% y un 4%. Así lo explicó a el chief marketing Officer de Ryanair, Kenny Jacobs, y el people director, Darrell Hugues, que han atribuido este descenso a los problemas de entrega de aviones 737 MAX, cuya producción será suspendida por Boeing a partir de enero.
EN EL AIRE DERECHOS LABORALES
El cierre de bases también afectaba inicialmente a la base de Girona, pero finalmente se salvó tras llegar a un acuerdo con los trabajadores, que han aceptado rebajar sus condiciones laborales. La compañía había lanzado un ultimátum a los más de 160 empleados que trabajan en la base de Girona, para que renunciasen a sus contratos fijos permanentes y pasaran a ser fijos discontinuos. Los empleados se librarán del ERE que inicialmente suponía 432 despidos, de los que 327 son tripulantes de cabina (TCP) y 105, pilotos.
Esta es solo una estrategia más de la compañía de bajo coste para recortar los derechos laborales conseguidos por sus trabajadores. En enero de este año y tras ocho meses de pulso con Ryanair, la aerolínea cedió y aceptó una reivindicación histórica de los sindicatos: contratos bajo legislación española para los tripulantes de cabina. Meses antes lo hizo con los pilotos.
Una victoria laboral que ahora corre el riesgo de esfumarse, al menos para una parte de los empleados. En la negoción del ERE la aerolínea llegó a proponer la reubicación de los trabajadores en otros países; situación que conllevaría la pérdida de los contratos bajo la legislación española.
PROBLEMAS ECONÓMICOS
Ryanair no es ajena al elevado precio del fuel ni a las convulsiones que sufre el sector aéreo –con muchas quiebras a sus espaldas–. Su estado financiero revela el fin del modelo low cost; al menos como lo conocemos actualmente.
La low cost registró un beneficio de 243 millones de euros en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, finalizado el pasado 30 de junio, un 21% menos que el año anterior, debido a los fuertes aumentos en las partidas de costes. Entre estas, los gastos de personal aumentaron un 21%.
Por otro lado, mantienen la perspectiva de beneficios de entre 750 y 950 millones de euros para el año fiscal 2020. Pronóstico que podría verse incluso reducido por el impacto de los gastos asociados a las nuevas huelgas. Además, se trata de una previsión baja teniendo en cuenta que el año 2018 lo cerró con un beneficio neto de 1.450 millones de euros.
