La factura de la luz ha alcanzado un nuevo récord durante el primer semestre de 2019. Según los últimos datos publicados por Eurostat, la factura ha alcanzado entre enero y junio de este año un precio de 0,1889 euros por kWh. El precio se ha incrementado en un 70% en la última década: en 2008, en el primer estudio realizado por el servicio de la estadística de la Unión Europea, el coste era de tan solo 0,1124 euros.
La subida más brusca se produjo en el periodo de recesión económica, entre 2008 y 2012, donde el precio ya superó la barrera del 0,17 euros por kWh. De ahí no ha vuelto a bajar, en una línea que desde el primer semestre de 2016 se mantiene ascendente. Estos datos sitúan a España como uno de los países de la Unión Europea con los precios de la luz más elevados, sólo por detrás de Irlanda y Bélgica. En paridad de poder adquisitivo, como recoge El Confidencial, los hogares españoles sólo están superados por los checos, cuyo nivel de vida es inferior.
A LA CABEZA EN LA FACTURA DE LUZ Y GAS
España no sólo compite por liderar el precio de la factura de la luz. La situación con el gas es similar, o incluso peor. El ascenso desde 2008 es de tan sólo el 20%. Sin embargo, el coste (0,0585 euros) es superior al de otros países como Portugal, Francia, Italia o Alemania. En esta clasificación de nuevo son los checos los únicos que afrontan una situación más compleja que los hogares españoles. La situación no se ha agravado debido a la reciente caída del coste del gas en sustitución del carbón para generar electricidad.
Esta situación se produce en plena guerra de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con las eléctricas. Precisamente hace menos de un mes la CNCM rebajó su propuesta de recorte a las eléctricas en su retribución para el periodo 2020-2025 por las actividades de distribución y transporte de energía.
El organismo prosigue así en su objetivo de sacar adelante la nueva regulación energética antes de final de este año, competencia que le fue atribuida por el Gobierno, y remite las circulares al Consejo de Estado para que reciban su informe preceptivo, una vez superado el trámite de información pública y analizadas las alegaciones del sector y los informes del Ministerio para la Transición Ecológica.
En concreto, el regulador señaló en su circular, emitida en octubre, una retribución para la actividad de distribución de energía eléctrica, que afecta principalmente a Endesa e Iberdrola, de 31.970 millones de euros para el periodo 2020-2025, frente a los 33.541 millones de euros que resultaría de mantenerse el sistema de retribución vigente.
