En la pasada campaña electoral, todos los partidos han tratado el tema de la vivienda como uno de los ejes estructurales de sus programas. Sin embargo, a la hora de llevarlos a cabo, leyes regionales y estatales chocan con demasiada frecuencia.
El artículo 47 de la Constitución Española establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación», añade.
Hasta aquí, todo claro. Antonio Gómez Cid, socio del bufete Uría Menéndez, ha señalado este viernes que “hoy por hoy es un derecho al que no todos los ciudadanos tienen acceso por el precio, ya sea en compra o alquiler”. Uno de los principales frenos para luchar contra este problema en la Comunidad de Madrid reside, según el socio de Uría Menéndez, en las leyes. “El Estado está preparando una ley general, pero Madrid no; y desde el punto de vista urbanístico, tenemos una ley obsoleta”, ha incidido.
Antonio Gómez Cid ha analizado durante la inauguración de la jornada ‘Vivienda para todos: un reto colectivo’ esta realidad. La “obsoleta” ley urbanística de Madrid “está generando muchos problemas y anulando muchos proyectos que cumplen con la ley regional, pero no la estatal”, ha afirmado el socio de Uría Menéndez. Para solventar el problema ha solicitado una “una ley que goce del mayor consenso para garantizar la estabilidad que todos necesitamos, que aprenda de los errores pasados, un modelo de participación público-privada”.
El presidente de la Asociación Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Juan Antonio Gómez-Pintado, ha seguido en esta línea para hacer hincapié en un problema implícito en las leyes urbanísticos: las licencias. “Es muy difícil llegar a un acuerdo con los ayuntamientos”, ha reconocido. “Es dramático que en Madrid la licencia de primera ocupación tarde tres meses y tras sumar los trámites con los bancos para la subrogación de las hipotecas lleguemos a tener promociones terminadas sin entregar cinco meses”, ha explicado.
TEMOR A LAS MEDIDAS DE UP EN VIVIENDA
Ha cogido el guante de sus palabras José María García, director general de Vivienda y Rehabilitación Comunidad de Madrid. Para empezar, ha asegurado que la máxima del Gobierno regional es generar “seguridad jurídica” en el ámbito de la vivienda. “Madrid no va a regular las viviendas vacías o los precios de los alquileres, vamos a generar condiciones para que los inversores privados inviertan y la Comunidad genere vivienda de precio asequible”, ha señalado.
En el ambiente, las políticas de alquiler y vivienda incluidas en el programa electoral de Unidas Podemos, quien todo parece indicar que formará parte del próximo gobierno central. La formación dirigida por Pablo Iglesias habla de “intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios y garantizar un alquiler estable y seguro para personas inquilinas y pequeñas propietarias”. Además, apunta la creación de “un gran parque de alquiler público de precio asequible mediante la cesión obligatoria y las sanciones a los grandes tenedores de vivienda vacía, así como la construcción de vivienda donde sea necesario”. Llega a afirmar que “incrementaremos en 50.000 viviendas al año durante la legislatura” en alquiler social.
José María García ha argumentado que la solución no solo está en la vivienda. “Es necesario general condiciones que pasan por tener una respuesta por el lado de la oferta”, ha explicado. El elemento de respuesta es, según el director general de Vivienda y Rehabilitación en la Comunidad de Madrid, el suelo. “Sin suelo no hay capacidad de levantar vivienda”, ha declarado. Por este motivo, ha indicado que uno de los primeros elementos es simplificar la normativa urbanística. Para ello hay que movilizar ese suelo en un plazo considerable y desarrollarlo con la colaboración público-privada. “Inversión privada y seguridad jurídica tanto para comprador como para vendedor por parte de la Administración pública”, ha señalado.
En cuanto a una ley de vivienda en la Comunidad de Madrid, José María García ha sido claro: “Creo que no hay un consenso lo suficientemente amplio para una ley de vivienda en la Comunidad de Madrid”. “No es el momento adecuado porque podría ser contraproducente”, ha añadido. Ha desviado el foco de atención hacia otros temas relacionados con la vivienda como modernizar la normativa, IVA, deducciones fiscales, IBI, IAJD, etc.
Por su parte, el PSOE describe en su programa que promoverá un paquete de medidas destinadas a la rehabilitación de viviendas en las Comunidades Autónomas, especialmente las de renta antigua, abandonadas, y situadas en cascos antiguos de los municipios de las mismas que sean alquiladas a jóvenes o adquiridas por jóvenes en régimen de propiedad, o alquiler con opción a compra. Además, creará una oficina central antidesahucios que coordine la creación de oficinas por todo el territorio y unifique criterios y ayude a su mantenimiento. Del mismo modo, pondrá a disposición de la familia que haya aplicado la dación en pago una vivienda en régimen de alquiler social.
En cuanto al alquiler, las medidas más polémicas pasan por ampliar el plazo de duración del alquiler como mínimo hasta 4 años a petición del arrendatario e imponer una tasa transitoria sobre las viviendas desocupadas que mantienen las entidades financieras fruto de los desahucios.
LOS JÓVENES, EN EL PUNTO DE MIRA
Gómez-Pintado ha puesto el foco en uno de los colectivos que más sufre a la hora de tener acceso a una vivienda. Según el presidente de Asprima, más de siete millones de españoles entre 25-34 años no pueden independizarse. “Si somos capaces de establecer un ámbito de colaboración público-privada que elimine las trabas, redundaría en el abaratamiento de la vivienda y la facilidad de acceso a los jóvenes”, ha concluido. El 67% de los solteros españoles ve cerca otra burbuja inmobiliaria.
A este respecto, José María García ha recordado que “hemos anunciado que para dar respuesta a eso tenemos suelo en situación de acto finalista que tiene un destino de promoción pública o integración social”. Esa naturaleza obliga a la Administración a mantener la naturaleza pública toda su vida. Lo que se haga tiene que ser un destino de interés público. “Ahora bien –ha reconocido el director general de Vivienda- si no se da acceso a la inversión privada, nunca se desarrollarán”.
De acuerdo a los datos de Instituto Nacional de Estadística (INE), la demanda de viviendas en Madrid se mueve en torno a los 24.000 hogares anuales. El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha explicado que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso promoverá 15.000 viviendas en esta legislatura, creando 100.000 puestos de trabajo. En ese agujero de casi 10.000 viviendas es donde “entra la empresa privada”, según José María García.
David Pérez ha invitado a los profesionales inmobiliarios a contribuir en el Plan Vive, y dar así una respuesta a un sector de la población que no puede acceder a la compra de una vivienda. “Hemos diseñado una política que facilite el acceso a la vivienda, generando suficiente oferta y seguridad jurídica en el sector inmobiliario y en el ámbito del alquiler, además de actuar en las edificaciones para mejorarlas y disfrutar así de ciudades más sostenibles”, ha señalado Pérez.
