Desde su puesta en marcha en julio del año 2000, Terra Mítica, propiedad de Aqualandia España, no levanta cabeza. Sus repetidos números rojos y la situación de desequilibrio patrimonial se mezclan con los litigios judiciales que, a día de hoy, siguen ensombreciendo el presente y futuro del parque temático.
A cierre del ejercicio 2018, las pérdidas del parque de ocio ubicado en Benidorm alcanzaron los 4,29 millones, un 16,5% menos que en 2017 cuando llegaron a los 5,15 millones de euros. Año en el que también descendieron un 10,7% sus pérdidas. Si bien es cierto, a pesar de acumular números rojos la compañía ha conseguido ir reduciéndolos año tras año, según datos del Registro Mercantil recogidos por InsightView.
Como consecuencia de la situación de desequilibrio patrimonial que la empresa presentó al cierre del ejercicio 2017 y habiéndose mantenido dicha situación al cierre de 2018, en la Junta de Accionistas de julio de 2019 se procedió a aplicar una reserva de algo más de 200.000 euros y llevar a cabo una reducción de capital de 14,1 millones de euros para compensar las pérdidas del ejercicio, según avanzó ‘Alicante Plaza’. En total, la sociedad registraba 91,5 millones de pérdidas acumuladas; con lo que sus números rojos se reducen a 77 millones de euros.
Con respecto a la cifra de negocios, el parque registró 2,08 millones de euros en 2018, un 5% más que en 2017. Desde 2011, la facturación se mantiene en esta cifra, muy lejana de los 23,8 millones de euros registrada en 2008.
DE LA CORRUPCIÓN A PROBLEMAS CON EL IVA
Todos estos resultados se mezclan con varios procesos judiciales que se alargan en el tiempo y van más allá de la temática del parque de atracciones, basado en antiguas civilizaciones del Mediterráneo, representadas en cinco zonas temáticas: Egipto, Grecia, Roma, Las Islas e Iberia.
Terra Mítica tiene el triste honor de ser considerada como el primer macroprocedimiento de corrupción en la Comunidad Valenciana. En marzo de 2019, la Sección Quinta Audiencia Provincial de Valencia emitió un auto en el que daba 30 días naturales a los 17 principales condenados en el caso del saqueo de Terra Mítica para ingresar en prisión. De esta forma, se daba por cerrado un caso de más de trece años para juzgar una trama utilizaba un entramado de empresas que a través de facturas falsas estafaba dinero público al parque temático.
En esta resolución se confirmaron las condenas de cinco años y 10 meses de prisión por estafa impuestas al exdirector técnico de Terra Mítica Antonio Rincón y al exresponsable de contratación Justo Valverde.
Cabe recordar que la constitución de Terra Mítica participaron la Generalitat de la mano de Eduardo Zaplana, el Grupo Bancaja y la CAM, además de accionistas privados. Un parque que se declaró en concurso de acreedores y que en 2012 Aqualandia adquirió por 65 millones, menos de una cuarta parte de lo que costó. La sociedad posee el 75% del espacio de ocio. Pero su nuevo dueño no está exento de escándalos. George Santamaría montó una estructura offshore para canalizar inversiones inmobiliarias en España, según desvelaron los documentos forman parte de los llamados ‘Paradise Papers’, una filtración publicada por ‘El Confidencial’ y ‘La Sexta’ en España.
Asimismo, Hacienda siempre ha puesto la lupa sobre el parque temático con procesos que también se alargan en el tiempo. Uno de ellos comenzó el 27 de junio de 2005, cuando la Agencia Tributaria notificó a la sociedad las “existencia de hechos que pueden ser constitutivos de delito de defraudación tributario relativo al IVA del año 2000”, según la auditoria de sus cuentas.
Más tarde, la sociedad recibió un acuerdo de liquidación en relación al Impuesto de Sociedades del ejercicio 2000, por el que recibió una sanción de 6.098 euros. Tras varios recursos, desestimaciones y reaperturas del proceso penal, la Audiencia Provincial de Valencia absolvió en 2016 a la empresa de la reclamación de cuotas del IVA que, según la Agencia Tributaria, fueron indebidamente devueltas. De hecho, la sentencia condena a una serie de personas a pagar una indemnización a la sociedad tras una resolución del Tribunal Supremo fechada el 15 de enero de 2019.
