Se espera que para 2020 se inicie el despliegue masivo de 5G en España. Bien es cierto que Vodafone ya ha llevado a cabo el encendido comercial, pero restringido a ciertas zonas y con un límite de cobertura. Por eso, hasta que no se ejecuté el segundo dividendo digital no habrá un desarrollo masivo. El problema es que eso tendrá un coste considerable para los operadores por la subasta de espectro de radio para el desarrollo de esta tecnología. Y aquí se enfrentan dos visiones: las compañías que quieren gastar lo menos posible; y el Gobierno, que aspira a recaudar lo máximo.
Ambas partes, el que subasta y el que compra, no tienen problemas en exponer sus ideas de forma pública. Aunque los primeros, como políticos que son, suelen enredar los mensajes. En concreto, estos días se celebra en Madrid el ‘Digitales Summit 2019’, y en la primera jornada la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado que no habrá intenciones recaudatorias en la próxima subasta de espectro.
Bien, si el Gobierno no quiere tratar el 5G de un modo recaudatorio, que ofrezca el espectro gratis. Pero eso no se puede. Por lo tanto, en sí mismo es una contradicción asegurar que la subasta no será recaudatoria. Son como los impuestos: se cobran para sufragar gastos públicos. Punto.
Así, al margen de esta disquisición conceptual, los operadores tendrán que pujar por la banda de 700 Mhz próximamente. Es propiamente el segundo dividendo digital; es decir, las televisiones tendrán que dejar esta frecuencia de radio e irse a otra. Además, esta banda es la que complementa a la ya subastada del 3,5 Ghz, y cuya capacidad tecnológica se centra en su calidad en interiores y su largo alcance.
En este contexto, Calviño ha insistido en un breve encuentro con la prensa en que se quiere procurar que la subasta permita llevar a cabo las inversiones secundarias. Ese es el punto de fricción.
Apenas a unos metros de distancia, y casi a la vez, en una mesa de debate sectorial con otras compañías, el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, invitaba a pensar qué modelos son necesarios para habilitar el 5G y hacer sostenible su implantación. El mensaje no puede ser más claro. Además, el máximo responsable de la división española también se cuestionaba si el actual modelo de subastas es el más apropiado.
LA DUDA CON LAS SUBASTAS
Y es que precisamente este punto genera bastante discordia en todo el sector. Básicamente porque marca el potencial interés recaudatorio del Gobierno. Fuentes del sector aseguran a MERCA2 que “sobre la actitud de los gobiernos de recaudar frente a fomentar el despliegue, los distintos gobiernos españoles han sido bastante razonables y comprensivos en las distintas subastas que se han celebrado en nuestro país en los últimos años, y que confiamos que esa siga siendo la tendencia”. Aunque todo esto podría ser mejorable a través del tipo de subasta.
Y es que, añaden, “el precio final recaudado en una subasta de espectro depende mucho de las reglas de dicha subasta (algoritmo, precios de salida e incrementos, caps individuales y/o colectivos, existencia o no de bloques identificados y con características específicas, nivel de transparencia del proceso…), además del nivel de competencia (es decir, de número de participantes y de su capacidad) que haya en cada país”.
De esto se deduce que hay posibilidad directa de controlar lo que suceda en la subasta. Así, algunos operadores defienden procesos competitivos transparentes, por ejemplo con formato de subasta multirrondas ascendente, sin bloques ni operadores privilegiados, o con caps que permitan la participación de todos los operadores interesados y un uso eficiente del espectro.
En este contexto, otras fuentes del mercado señalan como algo fundamental que el tipo de subasta “no incremente artificialmente la competencia, y, por lo tanto, exista un equilibrio razonable entre obligaciones y precio/tasa”.
EXPECTATIVAS DE PRECIO Y RECAUDACIÓN
Situar una horquilla de recaudación es complejo. Al tratarse de una subasta, precisamente, y sin conocer cómo será el modelo, estimar cuánto tendrán que invertir los operadores es complicado.
Sobre el primer dividendo digital -en puja directa- la situación quedó así: el gasto total en frecuencias fue de 1.647 millones. Telefónica (668 M€), Vodafone (518 M€) y Orange (437 M€). Aunque no fue todo íntegro en la banda de 800 Mhz, también se hicieron con lotes superiores, ahí fue donde participó Yoigo, que ahora pertenece al Grupo MásMóvil.
Y, justamente, el operador amarillo tendrá un papel destacado en la subasta. Lógicamente no tiene el mismo músculo financiero que sus rivales, pero lo que sí tiene son más clientes cada mes. Por eso no puede quedarse atrás en la subasta y desde hace meses desliza la idea de que se podría hacer una subasta que le facilitara el acceso a la compra de espectro. Esto se puede hacer mediante limitaciones de compra de ancho de banda conjunta; o por pujas de frecuencias no correlativas para que allá más interés de puja por una parte del espectro, pero que haya para todos…
TODOS DE ACUERDO: 5G DE FUTURO
En todo caso, esta situación no solo afecta a España. Según la GSMA, la organización de operadores móviles dedicada al apoyo de la normalización, la implementación y promoción del sistema de telefonía móvil, en su documento sobre la postura en política pública, instan a los gobiernos y los reguladores a asignar espectro 5G para soportar sus objetivos de conectividad digital en lugar de hacerlo para maximizar los ingresos estatales.
Así, sostienen que las políticas de tarificación del espectro son vitales para soportar servicios 5G de mayor calidad y más asequibles. Asumen que se han vinculado precios de espectro elevados con servicios móviles de banda ancha más caros, más lentos y con una cobertura peor. Para ellos creen que se debe fijar precios de reserva y tasas anuales modestos y basarse en el mercado para determinar los precios del espectro; así como evitar limitar el suministro de espectro 5G puesto que la escasez puede dar lugar a precios excesivos; y, por último, elaborar y publicar una hoja de ruta para el espectro 5G con los aportes de las partes interesadas con el fin de ayudar a los operadores a planificar su disponibilidad futura.
Sobre la inversión, uno de los temas esenciales para los operadores de telefonía, la GSMA cree que los despliegues de redes 5G necesitarán importantes inversiones en redes. La rapidez de las instalaciones, la calidad del servicio y las coberturas estarán comprometidas sin inversiones adecuadas. Por eso urge a los gobiernos y los reguladores que incentiven inversiones elevadas al adoptar políticas importantes relativas al espectro.
Con esto se refiere a soportar licencias exclusivas a largo plazo para móviles 5G con un sistema de renovación previsible. Algo fundamental que, por ejemplo, deben acometer en “breve” Telefónica y Orange. En concreto, en la banda de 3,5 Ghz, ambos operadores tendrán que renovar parte de sus licencias en este ancho que caducan en 2020 y 2030, respectivamente.
Asimismo, la GSMA quiere que se elabore un plan nacional de banda ancha que incluya al 5G y que fije actividades y plazos; se publique una hoja de ruta sobre el espectro 5G; y, por último, se garantice que todas las licencias para móviles sean independientes de la tecnología para impulsar las instalaciones de 5G de área extensa e incentivar una mayor eficiencia en el uso del espectro. Muchas de estas medidas ya han sido atendidas por la Secretaría de Estado para el Avance Digital. Ahora, con la perspectiva de un nuevo Gobierno, habrá que ver qué postura toman: ¿innovar o recaudar?
