El ciudadano español, al menos aquel que posea una parcela algo amplia (no necesita ser muy grande), vive con temor en estos días, ya que dicho terreno podría acabar en manos de Adif, vía Estado, para construir una nueva estación de AVE. Una situación peliaguda, más si cabe, después de la fuerte inyección de dinero público extra, el importe de 2018 superó al de 2015 y 2016 sumados, decretada por el Gobierno de Pedro Sánchez y que ejecutó la propia ministra de Hacienda con una última partida de 160 millones cuando acababa el año.
La sucesión de promesas podría hacer pensar a más de uno que lo primero y último que pronuncia Sánchez cada día es la palabra AVE. Así, si un día aparece Emiliano García Page por Moncloa, sale agraciado con una línea de alta velocidad (avance de la línea que llega a Extremadura). Otro día aparece Ximo Puig, pues otra vía de tren para él, en está ocasión un enlace entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Y como la benevolencia del presidente no tiene parangón, también tiene promesas para sus rivales políticos: AVE para Galicia, para que saque pecho Núñez Feijoo (¿frente a Pablo Casado?), y como previo paso, también para Burgos (prometido a finales de noviembre a Juan Vicente Herrera).
La lista anterior podría seguir por Murcia, u otros tantos rincones. Al final, podría parecer que al único político regional de España al que no le ha ofrecido el AVE es a Miguel Ángel Revilla, y no será que no lo pide por televisión. Pero no hay que exagerar tampoco, ya que en realidad no quedan este tipo de figuras políticas porque en realidad sí, hasta al propio Revilla se lo ha ofrecido. Incluso hay quien comenta que durante las negociaciones con Pablo Iglesias, Sánchez le ha indicado que eso de ministro que no, pero que si quiere la lleva la alta velocidad al chalet de Galapagar de la familia Montero Iglesias.
Y claro, las promesas hay que pagarlas, pero en Adif no van demasiado bien las cosas económicamente (con pérdidas en 13 de los últimos 20 años) para construir tantas infraestructuras como estrechones de mano da Sánchez. De hecho, la presidenta de la compañía, (la muy joven, comparada con el resto de la plantilla, y de apellido ilustre) Isabel Pardo de Vera, reconocía afligida en una entrevista (en marzo, al diario Cinco Días) que «trabajar en el escenario de unos Presupuestos de 2018 prorrogados tiene un impacto negativo (…) afecta a nuestra cuenta de resultados por la no aprobación de las nuevas tarifas de cánones, ante lo que dejaremos de percibir una cantidad vía transferencia de capital y de aportaciones patrimoniales del Estado«.
Para al que no le haya conmovido las anteriores declaraciones de Pardo de Vera, se adjuntan las siguientes que pronunció, poco después, en la misma entrevista: «Pero si se alargara esta situación (la de 2018) otro año, ya sería imposible». El único inconveniente a tan dramática situación, que a más de uno le ha hecho soltar lágrimas como un canalón en pleno diluvio, es que en realidad a la presidenta se le olvidó (porque ella nunca mentiría) que el Gobierno socialista, a través de la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incrementó el dinero que recibiría Adif en casi 400 millones de euros, hasta alcanzar los 860 millones de euros en 2018, lo que supone un 74,5% más que en 2018, un 126% más que en 2016 y hasta un 137% más que en 2015.
ADIF INCREMENTÓ SUS COBROS EN 2018 EN 400 MILLONES
El dinero que recibe Adif del Estado viene principalmente por dos vías, como bien apuntaba la presidenta (aunque no recordase bien las cifras) de la firma: la primera, es a través de las denominadas transferencias de capital para inversiones en la red convencional de Adif. La segunda, se trata de aportaciones patrimoniales que realiza el Estado, a través de los presupuestos, que se utilizan sobre todo para compensar pérdidas, ya que funciona como una ampliación de capital pero que contablemente se registra de forma mucho más sencilla.
A la presidenta, Isabel Pardo de Vera, se le olvidó que el Gobierno socialista, a través de la propia ministra de Hacienda, incrementó el dinero que recibió Adif en casi 400 millones de euros
En el caso de este segundo tipo de aportaciones, el incremento que ha llevado a cabo el Gobierno socialista ha sido enorme, puesto que ha pasado de los 266,7 millones en 2017 a acercarse a los 500 millones de euros. De hecho, las propia Memoria de Adif reconoce que a través de la Ley 6/2018, de 3 de julio, «para el año 2018 se consignó (por parte de los Presupuestos Generales) una aportación patrimonial para ADIF de 492.070 miles de euros», una cantidad que en principio no se sabía si se iba a cobrar, aunque finalmente desde Hacienda se dio luz verde y se terminó por cobrar en enero de 2018.
Por cierto, bajo dicha denominación, de asumir pérdidas, Adif ha consumido más de 1.000 millones de dinero que ha llegado desde el Estado. Aunque eso sí, la empresa no ha renunciado en ningún momento a su fondo de 80 millones que tiene bien guardado para repartirse entre los empleados Premium. No fuera a ser que alguien se enfade.
Por último, queda el ‘gran favor’ que la ministra Montero hizo a Pardo de Vera y a Adif, además lo firmó el viernes 28 de diciembre (no querríamos que trabajase en fin de semana o fin de año), en forma de 160 millones de inversiones extras. Así, lo relatan las propias cuentas de la compañía pública al reflejar que «la Ministra de Hacienda aprobó una modificación presupuestaria en la partida relativa a inversiones en la red convencional de ADIF por valor de 160.519 miles de euros por lo que el importe total relativo a esta partida correspondiente al ejercicio 2018 ascendió a 365 millones». Dicha cantidad, supone un fuerte incremento respecto a los 224,7 millones que se habían transferido en 2017 y 2018.
