Se acerca el fin del plazo de extensión sobre el Brexit y no ha cambiado nada. Por tercera vez, el Parlamento británico tiró el acuerdo de retirada, incluso llegando a plantear una cuarta votación, pero, como ya es sabido en la Cámara, no iba a llegar a ningún lado por lo que Theresa May ha vuelto a solicitar una nueva ampliación.
Para desviar la carga del proceso, la primera ministra intentará pactar con la oposición laborista para lograr abrir una vía de salida que cuente con los apoyos necesarios para que sea aprobado. Y mientras el órgano de gobierno está dividido, entre los que quieren ampliar el plazo y los que no, unos piensan que Jeremy Corbyn es la solución para solucionar la crisis institucional, otros consideran que es un error para los conservadores de cara a los nuevos comicios.
Eso sí, May no quiere que el plazo se extienda más allá del 22 de mayo, para evitar que Reino Unido tenga que participar en las nuevas elecciones europeas. Pero lo tiene difícil, la decisión debe venir desde el otro lado del canal.
Parece ser que sobre la mesa se baraja la posibilidad de alcanzar una unión aduanera con la UE, y aunque May insiste que para que esto tenga posibilidades debe aprobarse previamente el Acuerdo de Retirada, Juncker ha recalcado que no piensa reabrir esa negociación.
Recordemos que en la última semana de marzo de las ocho opciones que había sobre la mesa no se aprobó ninguna y que la votación que estaba prevista para el primer miércoles de abril se ha pospuesto para este lunes. Para entonces, si el Reino Unido consigue que la UE apruebe el libre comercio con el espacio comunitario, se alcanzaría uno de los temas más importantes sobre la mesa dentro del “Brexit duro”, eliminar los controles entre Irlanda e Irlanda del Norte. Uno de los principales motivos por los que el Parlamento no da salida al acuerdo de Theresa May, donde el mercado único y la unión aduanera siempre fueron los límites de la primera ministra.
Con la ampliación, May deja caer sobre las espaldas de Corbyn las responsabilidades sobre el convenio y obligan al líder laborista a replantearse sus decisiones, ya que podrían tener consecuencias de cara a las próximas elecciones, sobre todo en los territorios dominados por el partido laborista donde más euroescépticos son.