El sector agroalimentario cobra importancia con las elecciones a la vuelta de la esquina. Los partidos políticos no se olvidan de esta industria ni de sus principales debates, entre los que destaca la polémica por la venta a pérdidas. PSOE y Unidas Podemos han retomado un conflicto que divide a los partidos en España y contradice la normativa europea.
El pasado mes de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó Real Decreto-Ley que modificaba el artículo de la Ley de Comercio Minorista que regulaba la venta a pérdidas y que declaró nulo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia de 2017 por el recelo que ha levantado en el sector. Las principales defensoras del sector (Asaja, UPA, Coag y Cooperativas Agroalimentarias) se mostraron contrarias porque era “compleja, subjetiva y arbitraria”.
Por ello, desde Unidas Podemos ahora han recordado que la venta a pérdidas “nos ha dejado un sabor agridulce a todos”. “Somos partidarios de revisar la venta a pérdidas dentro de la Ley de la Cadena Alimentaria y de fortalecer las sanciones a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)”, señaló Fernando Fernández Such, durante un desayuno informativo organizado por la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dejó la puerta abierta a realizar modificaciones en dicho Decreto-Ley hace unos meses. Así, el PSOE toma su propio timón y se ha marcado entre sus retos electorales conseguir un equilibrio en la Ley de la Cadena Alimentaria donde la lucha contra la venta a pérdidas y las prácticas desleales sea una cuestión europea. “Si la Unión Europea no es capaz de llevar la venta a pérdidas será el Gobierno quien la impulse”, alegó el representante del PSOE, Alejandro Alonso Núñez.
Cabe recordar que con esta nueva ley se considera venta a pérdida en cuatro supuestos: cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos del mismo establecimiento; al tener por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno; si forma parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor y cuando forme parte de una práctica comercial que contenga información falsa sobre el precio o su modo de fijación. Conceptos ambiguos y confusos para las organizaciones.
Por su parte, los representantes de Ciudadanos (José María Rabade) y del PP (Carmen Quintanilla) no han querido entrar en este debate, pero sí en el de la nueva Política Agraria Común (PAC) que se está debatiendo en Europa. Quintanilla ha recordado que «no podemos bajar ni un euro del presupuesto que conseguimos en 2011 (47.000 millones de euros». En este asunto hay un mayor consenso de los partidos políticos.
CHOQUE DE LEGISLACIONES
La legislación sobre la venta a pérdidas se ha convertido en una batalla legal que lleva años enfrentando a agricultores –que se quejan de que la venta a pérdidas les obliga a bajar tanto los precios que impiden que sea rentable– y a cadenas de supermercados –que niegan estas prácticas–. Un choque de legislaciones entre la española y la europea, y que alcanzó su peor momento con la sentencia de 2017.
La Región de Murcia impuso una sanción de 3.001 euros a la empresa de alimentación Europamurpor supuesta venta a pérdida a productos domésticos y de alimentación a supermercados y tiendas de barrio. El caso acabó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), donde se dio la razón a la empresa por encima de la ley española.
Según el Gobierno, desde la creación de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) se han recibido un total de 231 denuncias. De ellas, 36 por venta a pérdidas y 32 por la Ley de la Cadena Alimentaria y venta a pérdidas.
