De la documentación incautada a los separatistas sobre lo que pensaban hacer tras su fallida independencia unilateral, queda claro que Nicolás Maduro era el ejemplo de Carles Puigdemont para una Cataluña independiente. Una República bolivariana de Cataluña.
Además de apropiarse los bienes del Estado en el Principado, la violenta presión ambiental, general y en casos concretos, existente en el clima de profunda división impuesto por los secesionistas, se haría oficial con una persecución a quienes no fuesen favorables a una Cataluña independiente.
Se le haría la vida imposible a quien no se sumase con entusiasmo al nuevo régimen del Principado que dictaría normas para rechazar la ciudadanía catalana a quienes considerarían que no pueden ser afectos a esa Cataluña de Puigdemont, Junqueras y sus afines. Terror gubernamental.
La libertad de opinión quedaría afectada con la prohibición de aquellos partidos deseosos de revertir la situación. El “derecho a decidir” les sería retirado a los contrarios al régimen puigdemontista. Con estos sesgos dictatoriales, que convertirían en legales actitudes que, de hecho, ya imperan en la calle y en lugares de trabajo, no sorprendería que el primer viaje de un Puigdemont al frente de ese régimen hubiese sido a Venezuela o que Maduro fuese su primer invitado.
La deslealtad e hipocresía de quienes en 1978 aceptaron una Constitución para todos los españoles con Autonomías en lugar de una desmembración de España, queda plenamente reflejada con estos documentos organizativos de una República catalana impaciente por unas proscripciones contra aquellos que no se pusiesen a su disposición.
CATALUÑA Y EL JUICIO
El juicio del “procés” nos está mostrando a unos independentistas inconscientes que han jugado, y siguen haciéndolo, con la vida de los demás con absoluta ligereza. La hipócrita declaración de Junqueras manifestando su amor a España fue incluso infantil. Como la de un niño reprendido por quitarle un caramelo a su hermano.
Los verdaderamente bien parados del juicio son los funcionarios que supieron enfrentarse a sus responsabilidades y cumplir con su deber. Los políticos no llegaron a la suela de sus zapatos. Ni los independentistas, por irresponsables, ni los gubernamentales de la época de Rajoy, por falta, a la vez, de firmeza y de capacidad de dialogo. Culpables, todos, de que estemos donde estamos. El actual gobierno puede haber jugado con fuego con lo del relator/mediador. Atentos al próximo en esta materia.
Reveladora ha sido, también, a la vez que desconcertante, la comparecencia como testigo del antiguo jefe de los Mossos, Josep Lluis, o José Luis, no se sabe bien, Trapero, acusado de pasividad proindependentista cuando el 1-O y que afirmó haber pedido a Puigdemont, Junqueras y compañía la cancelación del referéndum, que ante el Tribunal Supremo calificó de ilegal, por los riesgos de violencia. Afirmó haber preparado entonces un dispositivo para detener eventualmente a los miembros del Govern tras una declaración unilateral de independencia. Algunos igual muerden para salvar el pellejo.
No será hasta después de las sentencias a los separatistas cuándo pueda empezar a abrirse las puertas de un dialogo serio con el independentismo para que entre en razón, aunque puede que se tenga que esperar a que se agoten los oportunos recursos, incluso a Estrasburgo. Unos cuantos años. Entretanto hay que mantener abiertas vías de dialogo sin convertirlas, sin embargo, en intercambios de favores partidistas. La razón de Estado, de España, ha de primar, evitando juegos peligrosos.
Quizás, más adelante, se puedan considerar unos indultos. Sin embargo, deberían exigirse en tal caso importantes contrapartidas entre las que estarían la aceptación de los graves errores cometidos, un arrepentimiento, y una voluntad de reconciliación dentro del marco constitucional español. Una apelación al realismo y al entendimiento. Ya veremos lo que nuestros políticos harán tras las elecciones.
En Francia, unos pocos senadores, ingenuos, ignorantes y metomentodo, se han inmiscuido en asuntos internos españoles criticando el juicio al “procés” y abogando por una mediación internacional. Ruido sin nueces que el Gobierno francés ha desautorizado. No obstante, su suficiencia merecería, quizás, que el Senado español aprobase alguna proposición respaldando la independencia de Córcega o de Bretaña.
Carlos Miranda es Embajador de España
