El borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética elaborado por el Ministerio dirigido por Teresa Ribera prohíbe la venta de coches que emitan dióxido de carbono en 2040, así como la exploración y producción de hidrocarburos. El objetivo es cumplir el Acuerdo de París e implantar “un modelo de desarrollo sostenible con empleo estable y de calidad, y dé estabilidad y seguridad a los inversores”.
Junto al sector de la automoción, uno de los más afectados por las medidas que ha puesto sobre el tapete el Ministerio para la Transición Ecológica es el del refino. En España hay nueve refinerías, propiedad de Repsol (cinco), Cepsa (tres) y BP (1), y la incertidumbre comienza a planear sobre los empleados de dichas plantas.
De los 60.000 empleos del sector refino, 17.700 son empleos directos, cualificados y de larga duración
En concreto, y según la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), el sector del refino está compuesto por 60.000 empleos directos, indirectos, e inducidos (de ellos, 17.700 son empleos directos, la mayoría cualificados y de larga duración) cuya continuidad está en el alero debido al citado borrador elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Un desasosiego que han puesto de manifiesto Luis Aires (BP), Josu Jon Imaz (Repsol) y Pedro Miró (Cepsa) en algunos actos públicos.
TERESA RIBERA Y LAS INVERSIONES DEL SECTOR
Durante 2017, el sector del refino aportó a la economía española un Valor Agregado Bruto directo (VAB) de 3.049 millones de euros (el 2,1% del total de la industria manufacturera), y un VAB total de 10.307 millones (0,9% del PIB). Un bocado apetitoso para las arcas del Estado ya que los impuestos recaudados por el sector petrólero ascendieron a 17.522 millones de euros.
Las exportaciones alcanzaron un valor de 12.672 millones de euros (5,1% del total de exportaciones industriales), y llevaron a cabo una inversión en I+D de 62 millones (1,7% del gasto total en innovación de la industria).
Desde la patronal AOP han puesto el grito en el cielo porque, durante los años más duros de la crisis, en concreto entre 2008 y 2013, el sector del refino tiró de chequera invirtiendo más de 6.500 millones de euros.
La meta no era otra que adaptar el sector a la demanda, permitiendo de esta manera producir más de ocho millones de toneladas adicionales a las que ya se venían elaborando. Asimismo, implantaron mejores adicionales en materia de medio ambiente y eficiencia energética.
Fruto de esa inversión, el sector ha reducido la intensidad de sus emisiones un 14%, y sus emisiones un 15%. De cara a 2030, sus previsiones apuntan a una reducción de 46 millones de toneladas en dióxido de carbono en 2030. Cantidades a todas luces insuficientes para el Gobierno que pretende ir más allá.
Aunque durante el mes de septiembre se ha producido el segundo descenso del año en cuanto a consumo de combustibles de automoción (en conjunto han caído un 1% respecto al mismo mes de 2017), bajando los gasóleos un 2%, mientras que las gasolinas aumentaron un 3,3%, en el tercer trimestre aumentó un 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior. En el acumulado anual, tanto gasolinas (4,1%) como gasóleos de automoción (1,8%) crecen.
Sin embargo, estos ligeros descensos, sobre todo en el diésel, comienzan a indicar una senda que con el paso de los años irá acentuándose. Desde 2010 a 2017, la demanda de productos petrolíferos en España ha caído un 15,5%, desde 67 a 58,3 millones de toneladas.
Frente a esta desaceleración, las refinerías han aumentado la exportación de derivados del crudo. En 2017 exportaron 25,1 millones de toneladas e importaron 20,4. Por tanto, el saldo fue positivo en 4,6 millones de toneladas. Mientras que esos destinos allende los mares no implanten una política como la pretendida por la ministra Teresa Ribera, los trabajadores no caminarán por el alambre del desempleo.
