Fue en el año 2013 cuando el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real) adjudicó a Acciona la gestión del ciclo integral del agua (abastecimiento, saneamiento, depuración y gestión de abonados) por una duración de 20 años y por un valor que superaba los 17 millones de euros.
Dicho contrato fue aprobado en el pleno municipal gracias a los votos del Partido Popular (PP), que es quien gobierna el consistorio. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) lo rechazó e Izquierda Unida (IU) se abstuvo. En dicho proceso de adjudicación, Acciona obtuvo 98,50 puntos; Aqualia, 98,25; y Aquagest, 96,75 puntos.
Aquagest, que por aquel entonces se llamaba Aquona, fue la que acabó recurriendo la adjudicación en primera instancia (Juzgado Contencioso). Un primer recurso desestimado por la Audiencia Provincial de Ciudad Real en 2016, pero posteriormente admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Este, en abril de 2018, dictaminó la anulación del proceso de adjudicación.
Las irregularidades en el proceso han llevado a la anulación del proceso de adjudicación, no la licitación
Entonces, y de forma conjunta, el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo y Acciona presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha acordado no admitir a trámite dicho recurso y ha condenado en costas a la parte recurrente.
ACCIONA Y LOS INFORMES ‘CONTAMINADOS’
Las irregularidades en el proceso han llevado a la anulación del proceso de adjudicación, no la licitación. Por tanto, se tienen que retrotraer las actuaciones para que la Mesa realice una nueva propuesta de adjudicación.
La sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha decía que el proceso de licitación y la adjudicación por parte del órgano de contratación se vio “de forma esencial y antijurídica alterado” por el equipo de Gobierno del PP que abrió los sobres de las ofertas antes de solicitar el informe previo “contaminando jurídicamente la adjudicación”.
¿Cómo? Porque el equipo de Gobierno municipal decidió abrir los sobres de las ofertas antes de haber solicitado el correspondiente informe previo. Es decir, los criterios contenidos en el sobre B y la petición de los informes técnicos deben de hacerse con anterioridad a la apertura del sobre C.
Una vulneración de la legalidad que tuvo su continuación con la alteración de la composición y funcionamiento de la Mesa de Contratación, ya que desarrolló su labor sin la presencia del técnico municipal, autor del informe técnico de los sobres B. Por tanto, la nueva propuesta sólo puede basarse en el único informe no contaminado (el del técnico municipal). Dicho informe da la mayor valoración a Aquona.
Tanto PSOE como IU han pedido la dimisión del alcalde, José Lozano, y no descartan presentar escrito en Fiscalía.
