La madrugada del 26 de junio dio comienzo la llamada ‘Operación Tarantelo’ –coordinada por el Seprona con la participación de Europol– contra la comercialización de atún rojo capturado ilegalmente. Un fraude del que se hizo eco el programa ‘¿Te lo vas a comer?’ de Alberto Chicote y que, como toda trama alimentaria, podría tener un impacto en las ventas y consumo de este pescado. Situación que preocupa y alivia a partes iguales.
“Cuando sale una mala noticia como es normal cae la venta del producto”, explica Juan Serrano, director general de Balfegó, empresa especializada en la pesca, acuicultura y comercio del atún rojo. A pesar de la preocupación, este fraude también es una llamada a la esperanza para estas empresas que “actúan de manera legal y con controles sanitario exhaustivos”, añade en un encuentro en Madrid previo a la 21ª Reunión extraordinaria de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que este año tendrá lugar en Croacia, del 12 al 19 de noviembre.
De hecho, desde Balfegó llevan años denunciando este tipo de prácticas ilegales que al final lo que están haciendo es “excluir del mercado a aquellas empresas que cumplen la normativa”, señalan. Por ello, critican la “falta de voluntad política”. El atún ilegal se vende a ocho o diez euros el kilo, mientras que el legal va desde los 25 euros a los 45 euros en función de su preparado y despiece. Algo que podría ser perfectamente detectado solo por el margen de precio desde los puntos de venta por las autoridades.
Además, curiosamente la pesca del atún rojo es la más regulada. “Es imposible controlar los mares, pero sí los mercados”, apuntan desde la compañía, que recuerdan que una vez el producto llega a puerto son las comunidades y los ayuntamientos quienes tienen las competencias sobre su control.
Pero también es un trabajo que involucra al consumidor en el conocimiento de los productos que compra y come. Así, la educación en los supermercados es básica para el sector que denuncia la falta de formación entre los empleados de cadenas tan importantes como Mercadona o Carrefour –aunque se extiende a todas–. Desde Balfegó exigen que se etiquete bien las diferentes clases de atún que se vende en estos establecimientos, ya que aseguran que “nadie lo está haciendo bien”.
RECLAMAN RETIRAR LICENCIAS
Así, desde la empresa reclaman mas soluciones por parte de las administraciones. Entre ellas, solicitan la retirada de licencias a aquellos que incurran en la captura y comercialización ilegal del atún rojo; más allá incluso de las multas económicas que reciben.
El grupo también ha instado a la Comisión Europea a retirar su propuesta de suprimir el denominado carry over, práctica que permite la comercialización de atún rojo fresco procedente de granjas de engorde más de un año después de captura. Su supresión no mejoraría el control comercial de la especie pero sí limitaría el comercio y repercutiría sobre los operadores legales.
Hay que recordar que el mercado ilegal del atún rojo mueve mucho dinero. En esta trama la Guardia Civil confiscó más de 80.000 kilos de atún rojo de procedencia ilícita (de Malta e Italia), cuyos beneficios brutos podrían superar los 12 millones de euros en el mercado.
