Este jueves está previsto que el Congreso debata el Real decreto ley del taxi por el cual las licencias de VTC pasarán a depender de las comunidades autónomas. Esta norma será convalidada en la cámara baja con toda probabilidad, ya que se trata de un mero trámite.
Las VTC han perdido la batalla de la calle. Han decidido replegarse y no concentrarse como habían anunciado. Este miércoles, Unauto, la patronal que agrupa a la mayoría del sector, desconvocó la movilización que tenían prevista en Madrid, para evitar “cualquier altercado” con el sector del taxi, que sí saldrá a manifestarse.
Tanto Uber como Cabify, y el resto de empresas de vehículos con conductor, han pedido a sus señorías que ejerzan la libertad de voto, en un intento desesperado de que el decreto no llegue a ser aprobado por la cámara. Días atrás ya trataron de mantener conversaciones con varios partidos, no mayoritarios, para intentar convencerles de la necesidad de legislar en otra dirección, a pesar de que la decisión ya está tomada.
El parlamento necesita tan sólo una minoría simple, y el decreto contará con el apoyo del PSOE, Podemos y los nacionalistas catalanes. El PP está en contra, y enumeró una serie de requerimientos por los cuales, bajo su criterio, el decreto puede incurrir en alguna ilegalidad, al delegar la regulación a las CCAA.
Unauto sostiene que Fomento les ha dado la espalda. Asegura que les han dejado fuera de las negociaciones. No en vano han tratado de mantener el diálogo con el titular del ministerio, José Luis Ábalos, pero no lo han conseguido.
El taxi tampoco está contento. Este jueves saldrá a la calle. Se concentrará en la Carrera de san Jerónimo, a una hora temprana, sobre las 9.30. El sector se siente agraviado y no comprende como el Ejecutivo ha concedido indemnizaciones en forma de tiempo, haciendo alusión a la moratoria de cuatro años para que entre en vigor la nueva ley.
UNA LEY QUE NO GUSTA A NADIE
La normativa que sale adelante este jueves nace con la oposición de todas las partes. En ella se otorga la capacidad regulatoria a los gobiernos autonómicos y a los ayuntamientos para que ajusten ellos las limitaciones de las licencias de los vehículos con conductor.
Habrá un plazo de aproximadamente cuatro años para que las corporaciones locales decidan qué hacer en cada caso. Deberán conceder una segunda licencia para que puedan operar en las ciudades, de no ser así pasarán a tener una licencia interurbana y no podrán trasladar personas dentro de los núcleos urbanos.
Los Gobiernos autonómicos tampoco están de acuerdo con sus nuevas obligaciones. Han manifestado su negativa a tener que encargarse de las regulaciones de las VTC sin tener un paquete económico que ampare esos movimientos.
El Gobierno trató de tender la mano al taxi, aunque la gremial no lo ve de esa manera. Piden que se aprueben sus exigencias, como por ejemplo la concesión del taxi compartido o una aplicación semejante a las de las VTC, a través de la cual se pueda pagar el trayecto con el teléfono móvil.
En las últimas semanas, tanto las empresas del sector tecnológico, como muchos expertos en economía han ensalzado a Cabify como ejemplo de startap con una gran proyección nacional e internacional. Durante un foro celebrado en la pasada edición del South Summit, la feria del emprendimiento que se celebró del 3 al 5 de octubre en Madrid, Kike Sarasola, CEO de Room Mate, Meini Spenger, CEO de MásMóvil, y Juan de Antonio, CEO de Cabify, hicieron balance de las trabas gubernamentales a la hora de emprender y de poder desarrollar una empresa con la normativa vigente. Ahora tendrán que esperar para ver qué decisiones toman las CCAA.
