“Lo que queremos es un contexto de seguridad jurídica”. Son palabras de José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, al referirse a la situación que se ha generado tras el frenazo dado por el Tribunal Supremo respecto a quien debe pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) en las escrituras públicas de préstamos con garantía hipotecaria.
¿Qué puede pasar? Que finalmente el tribunal opte por corroborar la sentencia y, por tanto, que los clientes no sean los sujetos pasivos de pagar este impuesto; que sólo puedan recuperar lo abonado aquellos clientes que estén dentro de plazo para rehacer sus declaraciones, es decir, que abarcaría los últimos cuatro años; que ese plazo se amplíe sin fecha determinada, por lo que habría retroactividad total; o que se dé marcha atrás, y siga siendo el cliente quien pague dicho impuesto.
“Bankia siempre acatará lo que diga el Supremo. Siempre hemos actuado conforme a la normativa vigente y a la jurisprudencia existente en cada momento”, señalan desde la entidad financiera. Y añaden: “Si el Supremo dice que el sujeto pasivo del IAJD son los prestamistas (es decir, lo bancos), Bankia cumplirá con este criterio. Lo que reclamamos es mayor seguridad jurídica y unas reglas claras y predecibles para el mercado hipotecario”.
«Al hablar de provisionar se da por supuesto que habrá efecto retroactivo, algo que está por ver», dicen en Bankia
Dados los cuatro supuestos anteriores, en los que sólo uno ‘libraría’ de pagar el impuesto a las entidades financieras, ¿se puede deducir que Bankia está provisionando, o va a provisionar, las cantidades necesarias? “Antes de tomar decisiones habrá que analizar la jurisprudencia que emane del Supremo. Al hablar de provisionar se da por supuesto que habrá efecto retroactivo, algo que está por ver”, matizan desde la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri. Por tanto, de momento, no han decidido hacerlo.
Y concretan: “Puesto que los bancos hemos cumplido la ley en vigor en todo momento, no deberían derivarse consecuencias retroactivas. La sentencia del Tribunal Supremo se refiere a una cuestión de naturaleza tributaria y las entidades de crédito no hemos percibido cantidad alguna de nuestros clientes por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, cuya recaudación la ingresa Hacienda”.
UNANIMIDAD CON BANKIA
Tanto Santander, Sabadell, CaixaBank y BBVA acatarán lo que diga el Tribunal Supremo, según han confirmado a Merca2. Respecto a lo que reclamarían al TS, tres son los conceptos más repetidos: claridad, certidumbre y seguridad jurídica.
Respecto al hecho de provisionar ante los posibles escenarios, Sabadell ha sido rotundo y ha dicho que no, mientras que Santander, CaixBank y BBVA no han querido pronunciarse y han señalado que “habrá que esperar a la sentencia”.
“Nosotros no hemos cobrado indebidamente nada. Hemos recaudado un impuesto para la agencia tributaria. Si a partir del 5 de noviembre dicen que tenemos que pagar el impuesto, lo haremos”, recalcan en Sabadell.
Si tomamos como punto de partida la cifra de nueva concesión hipotecaria de los últimos cuatros años (unos 177.000 millones de euros), y la aplicamos un multiplicador de 1,31, según Analistas Financieros Internacionales (AFI), el impacto sobre el sector sería de unos 2.300 millones de euros si se aplica un 1% de AJD. Si extendiésemos ese periodo tres lustros más, hasta 2003, el efecto se multiplicaría por siete “en la medida en que el volumen de hipotecas concedido se halla en el entorno de 1,1 billones de euros”, acotan desde AFI.
No es la primera vez que los bancos provisionan para hacer frente a compromisos ‘adquiridos’ tras diferentes sentencias. En el caso de las cláusulas suelo, por ejemplo, Bankia decidió devolver todo lo cobrado a sus clientes. En aquel caso, la entidad provisionó 200 millones de euros para hacer frente a dichos pagos, y estimó que se ahorraba unos 100 millones de euros en costas judiciales. La medida afectó a unos 60.000 clientes que tuvieron dos opciones: un ingreso en su cuenta o amortizar capital pendiente de pago de la hipoteca.
Por su parte, BBVA llevó a cabo con cargo a las cuentas de 2016 una provisión de 577 millones para este capítulo. Santander, por su parte, tuvo que hacer frente a las cláusulas suelo heredadas de Banco Popular. CaixaBank cifró esa cifra inicialmente en 625 millones de euros, y Sabadell en 490 millones. En total, y para hacer frente a los pleitos que les puedan surgir en 2018, la banca cotizada española ha provisionado 8.200 millones de euros.
