El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, comparece este jueves en el Congreso, a petición propia y del resto de grupos de la oposición, para dar explicaciones de las medidas que tomará el Ejecutivo en el conflicto del taxi. La duda en este momento es si lo que hagan desde el Gobierno calmará las iras de los taxistas, o por el contrario generará un conflicto para el mes de septiembre de compleja resolución, pero que a su vez no sea una cesión a los chantajes violentos de un colectivo. Ser bombero o pirómano, esa es la disyuntiva que debe resolver uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez.
Y es que ha pasado un mes desde que los taxistas realizaron paros en Madrid y Barcelona, lo que desembocó en una huelga de tres días que colapsó las arterias de las principales ciudades. El ministro, entonces, en plena refriega se reunió con representantes de ambos sectores y con las CCAA, y anunció que trasladaría a las mismas la posibilidad de asumir la regulación de las licencias VTC, algo a lo que varios presidentes autonómicos se niegan, al no llevar acompañada la financiación pertinente.
Sobre la mesa está la regulación de la proporción entre taxis y vehículos VTC, que está fijada por ley, y que establece que debe haber un vehículo VTC por cada treinta taxis. Actualmente está sobrepasada, ya que en 2011 el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero liberalizó la emisión de licencias.
Además de esto, los taxistas demandan una serie de propuestas que quieren incorporar, tales como: establecer tarifas flexibles y conocidas de antemano por el cliente, apoyo a la innovación en el servicio público, definir la diferencia entre contratación previa e inmediata, y un mayor control fiscal de las plataformas digitales. En total son 18 las medidas que proponen a la Administración Pública, en el marco de la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Nacional de Trasportes.
Esta comparecencia se produce dos días después de que FEDETAXI, la principal asociación del taxi, que engloba aproximadamente un 60 % de gremio, reclamara al titular de Fomento que diera cuentan de las medidas que va a adoptar, y no descartó nuevos paros, de no cumplir con sus expectativas.
Por su parte, las empresas de vehículos de alquiler con conductor han expresado su preocupación ante la posibilidad de que las medidas adoptadas “frenen el crecimiento de su sector”, y han reiterado su disposición al diálogo, apuntando que estas empresas, Uber y Cabify principalmente, emplean aproximadamente a 15000 personas.
Unauto, organización que representa a la mayoría de los coches con conductor, asegura que en las ciudades caben todos, y que es posible una convivencia entre ambas opciones.
LICENCIAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Madrid es la provincia con más vehículos VCT en todo el país, cuenta con más de 4.300 licencias, esto supone casi la mitad del total de los que hay en España, (9.000 aproximadamente). El segundo lugar lo ocupa Barcelona, con casi 1.400. Los motivos pueden deberse a los requerimientos del ayuntamiento de la ciudad condal, que aprobó, el pasado 26 de junio, un reglamento que exige una autorización previa por parte del Instituto Metropolitano del Taxi, para ejercer la actividad de los servicios de VTC, en el área metropolitana.
La guerra del taxi es una de las primeras crisis a las que se ha enfrentado el Gobierno, que le estalló tan sólo un mes después de tomar posesión. Ahora tiene que mover ficha y buscar el equilibrio, ante la amenaza de volver a los paros y colapsar de nuevo las calles de las principales urbes.
