Primero fueron los atentados yihadistas de Barcelona -justo se cumple el primer aniversario-, luego los altercados por el proceso independentista y ahora el conflicto con los manteros. Ser policía en Cataluña se ha convertido en un profesión de alto riesgo.
Policía Nacional, Guardia Civil, Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra. A pesar de las diferencias que han podido existir entre los cuatro cuerpos de seguridad lo cierto es que una sensación les une: la de riesgo permanente. Es una obviedad que ser policía es una profesión donde la integridad física del individuo está en continua exposición. Pero desempeñar esta labor tiene un plus de peligrosidad desde hace un año en tierras catalanas.
Todo comenzó el 17 de agosto de 2017. Aquél día, a las 16:50 horas, una furgoneta se lanzó contra los centenares de personas que se encontraban en ese momento en La Rambla de la Ciudad Condal. Younes Abouyaaqoub, de 22 años y autor material del atentado, dejó tras de si 13 muertos y 88 heridos. El terrorista fue abatido cuatro días más tarde de los hechos en la localidad catalana de Villafranca, después de apuñalar a un hombre en su huída.
Tan sólo unas horas después del atropello masivo -en la madrugada del 18 de agosto de 2017- otros cinco yihadistas fueron abatidos en Cambrills. Su intención era emular a Abouyaaqoub en el paseo marítimo de la localidad costera. Cuatro de estos terroristas fueron neutralizados por un mismo agente de los Mossos d’Esquadra con más de once años de experiencia la profesión. El año negro para los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ubicados en Cataluña acababa de comenzar.
Tras los actos terroristas de ese agosto del año 2017, todo el foco se centró en las responsabilidades que cada uno de los cuerpos tenía en los hechos. En ese momento se produjeron las primeras discrepancias entre los Mossos d’Esquadra y el resto de compañeros (Policía Nacional y Guardia Civil). Nadie acertaba a atribuir responsabilidades y esto generó cierta tensión entre los encargados de defender los derechos y garantías de los ciudadanos en uno de los momentos más críticos de la última década.
La situación de inseguridad era una evidencia y lo que menos necesitaba Barcelona, Cataluña y España era la desunión entre los cuerpos de seguridad. Pero la realidad es que este distanciamiento se acrecentó tan sólo unos meses después con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre del año 2017. Los Mossos d’Esquadra fueron utilizados como un instrumento del ‘próces’ y algunos de ellos decidieron entrar en el juego. Esta actitud ocasionó tensiones dentro del propio cuerpo -muchos de los agentes no estaban de acuerdo con la manera de actuar de sus compañeros- y con sus ‘colegas’ de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La brecha se convirtió en abismo, cuando los policías nacionales y guardias civiles desplazados en Cataluña por el Ministerio del Interior recibieron la orden de retirar las urnas ilegales colocados en los colegios de la comunidad. Las escenas de violencia excesiva -según los favorables al proceso independentista- y de cumplimiento del orden -según las fuentes ministeriales- corrieron como la pólvora por los medios de comunicación. Las relaciones parecían irreconciliables.
La Policía Nacional y la Guardia Civil fue sitiada en los pueblos donde estaban desplazados y los Mossos d’Esquadra tuvieron en muchas ocasiones que proteger su integridad. El caos se había apoderado de la escena. Los policías nacionales y guardias civiles eran amedrentados por la multitud independentista, pero los mossos también recibían su merecido por proteger a los ‘enemigos’ de la república catalana. Esta situación pareció volver a unir a los cuerpos, porque todos recordaron por fin lo que eran: policías.
Con la ‘desocupación’ de los cuerpos de seguridad del Estado, fueron los Mossos los que sufrieron las iras de los independentistas. Las manifestaciones a favor de la república catalana comenzaron a proliferar y la policía autonómica tuvo que actuar en muchas ocasiones con violencia. Los mossos volvieron a ser los malos para los ciudadanos que meses atrás habían aplaudido su ‘condescendencia’ con el proceso independentista. Ser policía -en cualquiera de los ‘bandos’- comenzaba a ser una pesadilla en Cataluña.
LOS MANTEROS, OTRO PROBLEMA PARA LA POLICÍA
La calma volvió a los cuerpos de seguridad con la retirada del artículo 155 de la Constitución y con la reconstitución de un gobierno legal en Cataluña. Pero esta tranquilidad ha durado poco. El comienzo del verano ha traído un nuevo quebradero de cabeza para los policías catalanes. La revolución de los manteros ha alterado la paz que reinaba.
La tensión vivió su momento más álgido hace tan sólo dos semanas cuando se produjo una agresión de un mantero a un turista estadounidense en Barcelona. En este caso, los manteros es más un problema de los ayuntamientos y en la Ciudad Condal -al igual que en Madrid– cuentan con la complicidad de la alcaldesa, Ada Colau. El problema con los vendedores de productos de imitación -tienen incluso un sindicato- ha vuelto a poner en la piqueta a los policías, en este caso también a la Guardia Urbana.
TODOS BUSCAN CALMA
Al final, los garantes de que se cumpla la Ley buscan como agua de mayo una calma que no han tenido durante un año. Mossos d’Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana abogan por un año más tranquilo.
