Cuando una persona no quiere asistir a algo, a modo de chirigota le suele preguntar a quien le hace el ofrecimiento que si sabe contar. La respuesta suele ser sí. Entonces, la siguiente frase en oírse es: “Pues no cuentes conmigo”. La situación viene a cuento por la actitud que Hacienda y las administraciones públicas tienen con sus proveedores, en general, y con los autónomos, en particular.
¿Por qué? Porque Hacienda y las administraciones públicas cuentan a su manera. ¿Cómo? Para calcular el periodo medio de pago, este suele abarcar desde que la factura presentada es convalidada por la administración competente hasta que se lleva a cabo el pago efectivo. Otros, como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), podíamos decir que utilizan otra fórmula: desde que se emite la factura, se entrega la mercancía, o se lleva a cabo el servicio, hasta que se cobra.
Entre 28 y 32 días son los que recorta Hacienda atendiendo a su particular método de contar
¿Cuál es la diferencia? Los plazos medios de pago con los autónomos de las administraciones públicas, según ATA, es de 70 días (de enero a finales de mayo). Es decir, que sólo se ha reducido un día respecto al mismo periodo del año anterior. “Es muy llamativo porque son ya muchos los años que han pasado desde que entró en vigor ley”, se lamenta Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Si, por el contrario, usásemos la triquiñuela de Hacienda y las administraciones públicas, esos 70 días se reducirían entre 28 y 32 días, que es lo que tardan las administraciones en convalidar las facturas.
HACIENDA Y LOS PLAZOS
La ley, según una trasposición de la directiva europea sobre la morosidad, contempla 60 días para pagar una factura después de su presentación. “En los últimos siete años la morosidad pública a los autónomos se ha reducido a la mitad. Aun así, España lidera el ranking de los países que peor pagan con Italia y Grecia”, indica Amor.
Quienes son mejores pagadores son las administraciones autonómicas. En el último año han reducido ese periodo medio de pago un 16,6%, situándose en 45 días. A continuación, la administración central (-19,1%, 55 días). Pero quienes superan con creces el límite establecido (recordamos, 60 días), es la administración local que dispara, por término medio, sus pagos hasta los 95 días (un 7,9% más que un año antes).
En poblaciones de más de 40.000 habitantes, quien tiene el ‘honor’ de ser el peor pagador es el ayuntamiento de Jaén. Ni más ni menos que 589 días. A continuación, Telde (457 días), Parla (360), Jerez de la Frontera (322) y Algeciras (309). Por el contrario, a quien habría que ponerle una hipotética medalla de oro por ser buen pagador es a Vigo (14 días), seguido por Cáceres (22), Badajoz (23), Alicante (26) y Avilés (27).
Por comunidades autónomas, y por pronto pago, País Vasco está a la cabeza (23 días de espera), seguida por Andalucía (27) y Navarra (28). Quienes se han más los remolones son Cantabria (73 días), Murcia (66) y Comunidad Valenciana (63).
“La morosidad no tiene solo que ver con las administraciones públicas, también las grandes empresas privadas tardan más en pagar que las medianas y pequeñas. Y eso es cuestión de buenos y malos gestores”, concluye Lorenzo Amor.
