El futuro 5G trae de cabeza a todos los actores que participan en la película. Los grandes operadores de telefonía porque no quieren arriesgar inversiones que luego no puedan rentabilizar; mientras que las compañías más pequeñas se quejan del difícil acceso a esta tecnología.
En concreto, la asociación de operadores locales Aotec ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las cláusulas que limitan el acceso a participar en la puja. Consideran que se infringen las leyes de Unidad de Mercado y de Telecomunicaciones.
Aunque pueda parecer una simple pataleta, puesto que al final se trata de una inversión millonaria que está al alcance de muy pocos, lo que quiere reflejar Aotec es esa discriminación hacia los operadores de menor tamaño. Por este motivo, han pedido al regulador que intervenga para que se suspenda cautelarmente y se eliminen las cláusulas que limitan el acceso a dicha puja.
En el escrito que han remitido al regulador, y que también ha suscrito la asociación regional andaluza Acutel, los operadores locales consideran que los artículos que establecen barreras a la entrada a la subasta de la banda de frecuencias 3,6-3,8 GHz, tanto de tipo técnico como económico, infringen la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y la Ley General de Telecomunicaciones, por lo que piden a la CNMC que los impugne ante la Audiencia Nacional para que se supriman y mientras, se paralice la puja.
POR QUÉ QUIEREN IMPUGNAR LA SUBASTA DE 5G
Según explican de la asociación de operadores locales, se trata de los apartados 4.1 y 4.2 de la cláusula 8 del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas por el que se convoca la puja. En ellos se establece como requisito para que una empresa pueda presentarse a la licitación tener en alguno de los 3 últimos años un volumen de negocio de al menos 90 millones de euros y haber prestado servicios y/o invertido más de 42 millones en “servicios de comunicaciones electrónicas y redes de igual o similar naturaleza a los de la concesión”.
Desde Aotec aseguran que estas cláusulas incumplen el principio de no discriminación “para todas las partes interesadas” que se consagra en la Ley General de Telecomunicaciones para las licitaciones de espectro radioeléctrico.
También quebranta, según su visión, el principio de fomento de la competencia, que defiende el mismo texto legislativo, al dejar fuera a todo lo que no sea una gran empresa de telecomunicaciones. Además, argumentan que los requisitos no están motivados ni son proporcionados, tal como exige la Ley de Garantía de Unidad de Mercado.
En cuanto a la explotación del espectro radioeléctrico, se recuerda que un operador siempre puede utilizar “recursos propios o ajenos” y contar con el conocimiento experto de los suministradores de los equipos e integradores de soluciones de red. Asimismo, las pymes tecnológicas subrayan que “el hecho de que un operador pague por un recurso es el mayor garante de que busque la mayor eficiencia y eficacia tecnológica en su aplicación”, añadiendo que “si está dispuesto a pagar la mayor cantidad para hacerse con el recurso”, también lo estará para invertir en el futuro -y no los años anteriores- para ponerlo en explotación.
Además, los operadores locales defienden que establecer un volumen de negocio de 90 millones “no es necesario” para garantizar la solvencia económica de una empresa, sino que ésta “queda cubierta por el hecho de tratarse de una puja, puesto que la gana quien más ofrece y se obliga al pago». Por tanto, “la petición de una garantía provisional -al ganador- es suficiente en este sentido”.
