Ni Isolux Corsan, sin ninguna de sus razones sociales; ni Travis Gestión de Activos, la empresa con la que sus directivos han tomado el control de la mayor parte de las obras gran constructora en concurso de acreedores. Ninguna de ellas aparece en el registro de empresas con Clasificación de Contratistas del Estado para poder llevar a cabo obras públicas. Ahora mismo la cartera de contratos públicos es de al menos diez grandes obras de infraestructuras del Estado.
Se trata de una situación que fuentes del sector y los propios trabajadores de Isolux Corsan consideran absolutamente irregular, y que deja en entredicho la posición legal de todas estas obras. Entre otras, Travis Gestión de Activos, que es quien ha comprado las obras pendientes del Grupo Isolux Corsan, está llevando a cabo varios tramos del AVE a Galicia, ampliando el hospital de Guadalajara, haciendo una presa en Huesca, una depuradora de aguas residuales en Nerja (Málaga), una variante de carretera en Córdoba, u puente en Huetor-Tajar (Granada), un parque tecnológico en Burgos, una conexión de depósitos en Almería y diversos trabajos en el AVE Albacete-Alicante.
Travis Gestión de Activos es una sociedad bajo control de Federico Ávila –que se hace llamar “Ficos”–, ex consejero delegado de Isolux Corsan. Por medio de esta sociedad encabezan un MBO (Management Buy Out, sistema por el que unos directivos adquieren parte o toda la empresa para la que trabajan) con el que han tomado control de los principales activos de Isolux Corsan. Junto a él estaban José Alberto Carrasco, Andrés Álvarez y Luis Manuel Corrales. Fuentes de la propia compañía aseguran que Álvarez ya está en proceso de abandonar el proyecto. En este caso la figura de Andrés Álvarez es clave, ya que era el responsable de asuntos patrimoniales y jurídicos, y parte de la viabilidad de la empresa pasa por reclamaciones pendientes por valor de en torno a 100 millones de euros.
UNA EMPRESA DE 3.000 EUROS
Después de que Merca2 informara de que una empresa que se había dedicado al coaching y con solo 3.000 euros de capital compraba los activos de Isolux con una cartera de obras por 200 millones de euros, la compañía de “Ficos” ampliaba capital por 1,1 millones de euros, si bien este desembolso no se inscribió en el Registro Mercantil hasta hace unos días, a mediados de abril.
La Administración pública establece a las empresas unas condiciones obligatorias para poder acceder a sus concursos y lograr contratos. Uno de ellos –además de solvencia económica y técnica, entre otros– es estar calificado como Contratista del Estado en un registro que es público. Los requisitos para estar clasificado son bastante exigentes y están regulados por ley. Exigen demostrar haber hecho grandes obras anteriormente, solvencia técnica, listas de trabajadores con sus currículos y cualificación, parque de material disponible y otros más. También hay que certificar las obras acabadas, las operaciones con terceros o justificar estar al corriente de pagos a la Seguridad Social o del IVA.
Las empresas de Isolux Corsan perdieron estas clasificaciones obligatorias para poder ejecutar e incluso optar a obra pública. Esto pone en situación legal complicada una decena de grandes infraestructuras que está construyendo Travis para el Estado. De la cartera que Travis compró a Isolux con la bendición de su administrador concursal, Francisco Vera, la mayor parte en cuanto a facturación son obras del Estado. El paquete que han adquirido los directivos liderados por Federico Ávila comprende 98 proyectos, de los que 14 están en ejecución.
JUSTICIA Y OTRAS OBRAS QUE QUEDARON FUERA
El de Isolux Corsan es uno de los más amplios y complicados concursos que la Justicia tiene sobre la mesa. Los más de 5.000 millones de euros que adeuda el grupo constructor tienen 15.136 acreedores. De toda esta deuda la oferta de los antiguos administradores de la compañía supone solo un alivio de 200.
Fuera de esta oferta han quedado otras obras que los directivos no han considerado rentables. Un caso especial es el del nuevo Palacio de Justicia de Segovia, que edifica para el Ministerio de Justicia, con un presupuesto de más de 10 millones de euros.
La obra pública más importante de la Administración en Castilla y León está en cierto modo en el alero, ya que si los directivos no se la quedan finalmente, irá al monto del concurso de Isolux Corsan. La obra quedó fuera de la oferta de Travis inicialmente, aunque a expensas de que el proyecto de los ex directivos de Isolux al final de un análisis acabaran viéndola rentable. Según ha sabido Merca2 de fuentes de la compañía, ha habido incluso reuniones de los directivos con el Ministerio de Justicia para hacer importantes modificaciones al proyecto, que no han sido aceptadas por la Administración.
