Pocos negocios son tan seguros. Cada día, 1.120 personas mueren en España. En total, más de 400.000 cada año y los “clientes” de las funerarias crecen al ritmo de una población envejecida. No es extraño que el sector funerario aguante bien las crisis y que, en los últimos meses, haya vuelto a atraer el interés de inversores tan conservadores como los fondos de pensiones. Ya antes, constructoras, aseguradoras y fondos de capital riesgo apostaron por el negocio de la muerte a caballo ganador.
Una empresa funeraria es, casi, como un bono: un negocio con flujos de caja estables y presumibles y un gasto obligado para las familias, de unos 3.500 euros por fallecido en España. En nuestro país los servicios funerarios se gravan como si fueran artículos de lujo y el negocio de la muerte está muy vivo. Sin duda, es una industria con futuro, que tiende a la concentración en grandes grupos y a la dependencia de las compañías de seguros.
Según la patronal, Panasef, el sector factura 1.475 millones de euros y, si tenemos en cuenta que el IVA que grava los servicios funerarios en España es del 21%, uno de los más altos de Europa, la cantidad que ingresa el Estado por este concepto cada año supera los 300 millones de euros.
Pese a ser un gasto forzoso, de unos 3.500 euros por fallecido, la actividad está sujeta a un IVA del 21% en España
Pese a que los representantes de Panasef se han reunido con todos los grupos parlamentarios, no han conseguido que el Gobierno aproveche los Presupuestos de 2018 para anunciar la esperada rebaja fiscal. Una nueva oportunidad perdida para revertir la subida de 2012 y volver al tipo reducido del 10%.
Otros sectores que han hecho ‘lobby’, como el cine, sí han logrado su objetivo de rebajar el exagerado IVA del 21%. ¿Por qué el cine sí y las funerarias no? ¿Es acaso el cine un servicio más esencial para la ciudadanía? Desde luego, argumentos no le faltan y Panasef confía en que la bajada de impuestos se materialice en breve. El pasado 22 de marzo, la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley para la aplicación del IVA reducido con 19 votos a favor, 14 en contra y 4 abstenciones.
Juan Vicente Sánchez-Araña, presidente y fundador de Panasef, recuerda que «llevamos cinco años reclamando la bajada del IVA. En otros sectores ya se ha producido y creemos que es el momento de hacerlo en beneficio de las familias».
En el sector se dan situaciones rocambolescas e injustas. Por ejemplo, el transporte de viajeros en España está gravado al 10% de IVA y el transporte de los cadáveres a un 21%. Y, lo que es más llamativo, las estancias en hoteles tributan al 10% de IVA pero las estancias en tanatorios se elevan también hasta un 21%.
Si miramos hacia nuestro entorno, en la mayoría de los países europeos los servicios funerarios no tributan IVA. Es el caso de Italia, Irlanda, Portugal, Suecia, Holanda, Dinamarca, Finlandia y Reino Unido. Además, en estos países los servicios suelen contratarse por Internet y las tarifas pueden estimarse por antelación. En Francia, por ejemplo, un sepelio caro puede costar unos 2.200 euros, mientras en Italia el precio medio de un entierro ronda los 1.200 euros.
La muerte en manos de unos pocos
En España operan unas 1.700 empresas de servicios funerarios que emplean a 11.305 trabajadores, en su mayoría, pequeñas funerarias locales y familiares. Pero, en realidad, el jugoso pastel se reparte entre unas pocas grandes.
Las tres mayores funerarias copan el 60% del mercado nacional y sólo cinco empresas del sector facturan por encima de los 50 millones de euros: Mémora (con una cuota de mercado del 12%), Funespaña (Mapfre, 8,7%), Albia (Santa lucía), ASV y Servisa (Ocaso).
Esta atomización empresarial del mercado español ha alimentado un boom de operaciones en las que las pequeñas funerarias son absorbidas por las cinco más grandes que controlan el mercado. Pero ser líder en un sector como el de las pompas fúnebres, donde el grueso de las reglas de juego viene marcado por los Ayuntamientos y las CC.AA. tampoco es fácil.
Mémora, la mayor funeraria de España y Portugal, lo sabe muy bien. Acaba de ser protagonista de una operación multimillonaria. El grupo creado por Acciona pasó a manos del fondo de capital riesgo británico 3i en 2008 por unos 187 millones de euros y, nueve años después, ha sido adquirido por Ontario Teachers Pensión Plan, el primer fondo de pensiones canadiense, en una operación récord para el sector.
Pese a ser un fondo muy conservador en su política de inversión, -Ontario invierte y administra las pensiones de los 318.000 profesores activos y jubilados de la provincia de Ontario- el nuevo dueño ha pagado 500 millones de euros por la española. Nuevo propietario y plusvalías para 3i con la venta de su “gran participada en España”.
La única que le quedaba en cartera antes de anunciar que el fondo británico cierra su oficina en nuestro país. Pero, antes, Mémora ha tenido que reforzarse en el mercado mediante más de 40 adquisiciones de funerarias en España y Portugal, de distinto perfil y tamaño, y un relevante crecimiento a nivel orgánico.
El resultado es que la funeraria ha aumentado un 85% su ebitda hasta los 32 millones de euros y en un 70% su facturación, hasta alcanzar los 180 millones de euros. Actualmente, Mémora tiene 125 tanatorios en España y Portugal, 26 crematorios y 23 cementerios y, cada año, realiza más de 50.000 servicios dando trabajo a 1.200 personas.
Un cuasi-monopolio
La subasta por Mémora despertó el interés de inversores financieros internacionales y de aseguradoras. El director internacional de Ontario Teachers, Jo Taylor, lo explicó claramente: «Mémora era una oportunidad única para invertir. Aunque el fondo de pensiones canadiense no lo tuvo fácil, partía como favorito e hizo valer su amplia experiencia en el sector, como dueño de la principal funeraria francesa, Pompes Funèbres Générales, que factura 625 millones de euros.
Mémora acaba de ser adquirida por Ontario Teachers, el primer fondo de pensiones canadiense, por 500 millones de euros
El resultado de este proceso de concentración que vive el sector funerario en España es que unas pocas grandes funerarias se reparten el mercado fijando unas condiciones de “cuasi-monopolio”. Aunque los servicios están liberalizados desde 1996, el sector sigue sufriendo restricciones y barreras que obstaculizan el funcionamiento de la libre competencia.
El origen de los fallos está, fundamentalmente, en una regulación obsoleta y dispersa que dificulta la entrada de nuevos operadores para competir libremente en el mercado. Aunque el sector se liberalizó hace 22 años, la realidad es que el escenario legal dibuja distintos reglamentos en cada Comunidad Autónoma.
A los permisos previos se suman requisitos difíciles de cumplir por las empresas y el gran perjudicado por toda esta miríada de normas y regulaciones a escala autonómica y local es el usuario, que ha de aceptar precios y condiciones en un momento especialmente doloroso y vulnerable, que deja pocas opciones para comparar ofertas y proveedores.
La muerte tiene un precio
Morirse no resulta precisamente barato. La muerte tiene un precio y, desde luego, en España sale caro. El coste medio de un entierro es de 3.500 euros, pero las diferencias entre ciudades son llamativas. Según la OCU, el servicio de inhumación y coste de enterramiento es 24 veces más caro en Madrid que en Murcia, por ejemplo.
El gasto que ha de soportar la familia en el proceso, tan inesperado como elevado, depende de factores múltiples: la ciudad en cuestión, si hay que pagar la sepultura, el enterramiento en sí, si habrá incineración… Por eso, un sepelio discreto puede variar hasta en 4.000 euros según la provincia. En Cuenca, Tenerife o Las Palmas un entierro cuesta la mitad que en Vigo o Ciudad Real… y mucho menos que en Tarragona y Barcelona.
Todos los servicios relacionados con el sector de las funerarias son de demanda forzosa y, por supuesto, de primera necesidad. Pero, en realidad, los costes de los servicios funerarios apenas suponen el 49% del precio final. El 51% restante se reparte entre impuestos (17%), complementos (un 15% en certificados, tasas, coronas, iglesia o lápidas, entre otros) y/o los costes de la incineración (19%).
Cifras desproporcionadas, más propias de un producto de lujo que de un servicio esencial. Los servicios funerarios de España soportan el porcentaje de IVA más alto de toda Europa, sólo por detrás de Grecia. Un tipo impositivo del 21% que para las familias supone un incremento del coste de entre 300 y 500 euros en momentos anímicos bajos y con poca información.
El poder de las aseguradoras
Con el boom de la construcción, y el tirón de ingresos de los Ayuntamientos, nacieron tanatorios y crematorios municipales en casi todos los pueblos y ciudades españolas de más de 10.000 habitantes. Pero este despegue se gestó al amparo de otro fenómeno nacional muy particular: el de los seguros de decesos. Esas pólizas que la mitad de los españoles pagan cada mes a las aseguradoras para que se hagan cargo de todos los servicios funerarios cuando uno fallece.
Curiosamente, los seguros de decesos son los segundos más populares en España tras los del automóvil y, según Unespa, el 60% de los sepelios en España son gestionados por una aseguradora. En realidad, es el único seguro cuya utilización y amortización está, forzosamente, garantizada al 100%; pero la OCU alerta de que no sale rentable contar con una póliza de este tipo, porque, al final, se suele acabar pagando más que el servicio recibido.
El sector se liberalizó en 1996 pero falta una Ley Nacional de Servicios Funerarios que estimule la competencia y armonice los precios
En las localidades pequeñas, el agente de seguros solía ser la misma persona que gestionaba la funeraria local ofreciendo ambos servicios. De hecho, así nació el seguro de decesos en España. Mientras en otros países la póliza es por la cuantía del sepelio, aquí cubre el propio servicio y la aseguradora realiza todas las gestiones. Por eso, los lazos entre aseguradoras y funerarias se han mantenido hasta hoy limitando la competencia en el sector.
Actualmente, tres compañías, Ocaso, Santa Lucía y Mapfre, controlan el 73% del grueso del negocio en España. Siendo precisos, las aseguradoras intervienen en el mercado funerario de dos formas: a través del seguro de decesos e integrándose en el capital de las propias funerarias. No en vano, Ocaso es dueña de Servisa, Santa Lucía de Albia y Mapfre lo es de Funespaña.
¿Una funeraria pública?
En muchas ciudades y pueblos los servicios funerarios fueron “privatizados” durante las últimas décadas y, ahora, muchos Ayuntamientos se plantean qué hacer con ellos. Los contratos de concesión de los tanatorios de titularidad pública dependen de los consistorios y la Ordenanza de servicios funerarios determina los requisitos para permitir el acceso a los velatorios de todas las empresas que lo soliciten. Este fenómeno de la privatización de los servicios funerarios municipales se extiende por toda España, pero un ejemplo destacado es, sin duda, Barcelona.
Hace 20 años, la Ciudad Condal fue abanderada en liberalizar los servicios, pero parece evidente que algo ha fallado, porque la competencia allí todavía es escasa. Gran parte del mercado se reparte entre Serveis Funeraris de Barcelona -controlado por Mémora (85%) y el Ayuntamiento (15%)- y Áltima.
En los últimos meses, el Ayuntamiento de Ada Colau ha tratado de crear una funeraria municipal alegando que rebajaría un 30% el precio de los funerales. Es una de sus medidas estrella. Pero, realmente, ¿una funeraria pública garantizaría un mejor precio? Probablemente no. No parece el único ni el mejor camino.
El paso en la dirección correcta es una Ley Nacional de Servicios Funerarios que evite la digresión y permita trabajar en igualdad de condiciones en toda España. Una normativa actualizada y adaptada a las nuevas tendencias del mercado y de la sociedad, garantizando el libre acceso a las actividades funerarias y a su ejercicio, y la libertad de elección de los usuarios. Eliminar barreras de entrada y de ejercicio tendría un significativo impacto sobre la mejora de la competencia y, es de suponer, también sobre los precios.
Privados o municipales, los servicios funerarios deben ser sometidos a una revisión y actualización. La Administración, ante estos servicios de primera necesidad, no puede mirar hacia otro lado ¿Cómo es posible que la muerte se grave con un IVA del 21%? ¿Acaso morirse es optativo o no entra dentro de los servicios esenciales?
Por desgracia, antes o después, todos tenemos que hacer frente al fallecimiento de familiares, amigos y conocidos que nos afectan muy directamente. Es un trance inevitable. Pero bastante duro es ya de por sí el difícil momento del duelo como para, encima, pagarlo tan caro. El coste de la muerte tiene, hoy por hoy, un coste tan abusivo como forzoso.
