Este lunes se hace público el informe ‘Análisis y Propuestas para la Descarbonización’ que debe proporcionar una base de orientación para que los grupos parlamentarios concreten la planificación energética y fiscal de la próxima década para cumplir los compromisos asumidos de lucha contra el cambio climático. Lo ha realizado un grupo de 14 expertos designados por el Gobierno y los agentes sociales. Entre ellos no hay ninguna mujer.
La presencia femenina más cercana en este documento tan importante ha sido la de María Teresa Velasco en calidad de secretaria de la Comisión por ser la persona titular de la Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento adscrita a la Dirección General de Política Energética y Minas de la Secretaría de Estado de Energía. Ni mucho menos porque nadie la haya elegido. Así de masculina es como se escribirá la energía española de las próximas décadas. Lo más triste es que parece no importar a nadie, sobre todo los que hace unas semanas se hacían fotos en la huelga feminista del 8 de marzo.
El informe, que no tiene categoría vinculante, servirá como documento de trabajo para desarrollar la futura Ley de Transición Energética que resolverá asuntos de vital importancia como el peso de las renovables, el fin del carbón o el uso de la energía nuclear. Todo ello sin que ninguna mujer haya expresado su opinión. Así lo han querido quienes han desarrollado el grupo de trabajo.
Fue el pasado verano cuando se creó este grupo de expertos para que elaborasen el informe. La comisión, a la que se dio seis meses de plazo para presentar su trabajo, la integran 14 miembros que representan a los distintos partidos políticos, organizaciones sociales (uno por cada uno) y, sobre todo, al Gobierno, que se reservó cuatro para sí.
Así, éste designó a Jorge Sanz, ex director general de Energía (que preside la comisión); Ignacio Grangel, nuevo presidente del operador del mercado, Omie; Miguel Duvison, director de Operaciones de REE y Francisco Javier Arana, ex subdirector general de Energía Nuclear. Por su parte, los partidos políticos designaron a Diego Rodríguez (el Partido Popular); Luis Atienza (PSOE); Pedro Linares (Ciudadanos); Cristóbal José Gallego (Podemos); Óscar Lapastora (Foro Asturias); Txetu Sáenz de Ormijana (PNV); Josep Salast (ERC); José Luis de la Fuente O’Connor (UGT); Jorge Aragón (CCOO) y Guillermo Ulacia (CEOE). ¿Cómo puede ser que nadie entienda lógica la visión de media parte de la sociedad en algo tan trascendente como la política energética y el cambio climático?
Cómo será la energía sin mujeres
A falta de conocer los lugares más recónditos de este informe de medio millar de páginas, la Agencia Efe ya ha tenido acceso a algunos de los puntos más destacados de este documento carente del pensamiento femenino y que servirá para ser la base legislativa en la política energética española.
Destaca el impuesto al CO2 para todos los consumos energéticos finales (no sólo para las instalaciones industriales) y otro para tres de los contaminantes atmosféricos más dañinos: los óxidos de nitrógeno (NOx), las partículas (PM) y los óxidos de azufre (SOx).
Asimismo, proponen eliminar del recibo de la luz todos los sobrecostes incluidos en los peajes actuales (deuda acumulada por el déficit de tarifa o las antiguas primas a las renovables), y la supresión de dos impuestos, el de la generación eléctrica (7%) y el de la electricidad finalista (en torno a un 4,5%).
Otra recomendación clave es que España debe avanzar en renovables tan lejos como técnicamente sea viable hasta 2030, dejando claro que la fotovoltaica será la tecnología de la próxima década. Su escenario energético base para 2030 propone un 62% de generación renovable para electricidad: 10% hidráulica, 20% eólica (31.000 megavatios instalados, mw), 27% fotovoltaica (47.150 mw), 1% termosolar y 4% otras renovables.
