jueves, 25 julio 2024

Telefónica sacude el mito de una regulación obsoleta

“La regulación drena nuestra capacidad de crecimiento”. Así se tajante ha sido José María Álvarez-Pallete durante la presentación de resultados de Telefónica. El máximo responsable de la compañía, apoyado sobre unos buenos números financieros del pasado ejercicio, ha dejado constancia de que serían mejores si no fuera por la regulación. Sin embargo, analizando en detalle la situación, en realidad no parece que afecte tanto al operador.

De hecho, es la propia empresa la que -punto por punto- resta importancia a las supuestas influencias negativas de la regulación. De ahí que Pallete centre todos sus problemas regulatorios en la manida lucha contras las compañías OTTs (Google, Facebook, Netflix…). El resumen: “Mismos servicios, mismas reglas, mismas obligaciones”. La situación fuera de eso es de normalidad. Incluso, en algunos aspectos sale beneficiado.

Por ejemplo, en abril de 2017, la CNMC estimó que el mercado móvil (Mercado 15) era lo suficientemente competitivo y suprimió las obligaciones hasta ese momento vigentes para los operadores móviles virtuales (OMV), algo que habían reclamado desde hace años los operadores con red. Por lo tanto, ya no tenía la obligación de alquilar sus redes, sino que lo debe negociar libremente.

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Y no es lo único. En el informe corporativo presentado ante el auditor, Telefónica destaca cuáles son sus conflictos regulatorios, y todos son bastante livianos. En cuanto a lo más relevante próximamente, la subasta de espectro para las frecuencias de radio que habilitarán el 5G, por lo que va saliendo a la luz en las bandas de 3,5 Ghz y 1,5 Ghz, no parece haber disconformidad. Además, el operador azul está tranquilo y asegura que “también puede tratar de adquirir espectro en el mercado secundario donde pudieran surgir oportunidades”. Es decir, un problema menos.

También en relación con la licencia de espectro 800 MHz, los operadores asignatarios de 2x10MHz en la banda (Telefónica, Vodafone y Orange) deberán completar conjuntamente, antes del 1 de enero de 2020, las ofertas proporcionadas con otras tecnologías o en otras bandas de frecuencias, con el fin de alcanzar una cobertura que permita el acceso a una velocidad de 30 megabits por segundo o superior, al menos al 90% de los ciudadanos de unidades poblacionales de menos de 5.000 habitantes.

Estuvo abierta una consulta pública hasta el 22 de enero de 2018 sobre la forma para implementar esta obligación. En todo caso, Telefónica se halla en un proceso continuo de despliegue y densificación de la solución LTE sobre la banda 800 MHz, que servirá de base para el cumplimiento de la citada obligación. Otra cuestión resuelta sin traumas.

Los extraños (no) problemas de Telefónica y la regulación

En el repaso sobre los supuestos problemas de regulación, el otro gran punto de interés podría estar en la fibra. De hecho, Telefónica advierte en el informe que “cualquiera de estas obligaciones [referida a los accesos que debe dar a sus rivales en ciertas zonas] y restricciones podría elevar los costes y limitar la libertad para prestar los mencionados servicios, lo que podría afectar sustancialmente y de forma adversa a los negocios, la situación financiera, los resultados operativos y/o los flujos de caja”. Aunque nada más lejos de la realidad, este mismo jueves el operador azul ha anunciado un acuerdo de compartición de redes con Orange similar al que tiene con Vodafone. Es decir, se han cocinado los accesos entre ellos negociando unos precios mayoristas a su gusto y quedando todos contentos. De nuevo, otro problema regulatorio inexistente y solventado para que los verdaderos beneficiados sean los usuarios.

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En cuanto a la neutralidad de la red, que por ejemplo en Estados Unidos ha creado bastantes estragos, aquí en Europa se mantiene todo en orden. ¿Ese orden es perjudicial para los operadores? Sobre esto no se ha pronunciado Pallete ni ninguna compañía.

Luego están las minucias heredadas del monopolio; es decir, el cumplimiento del servicio universal como las cabinas y las guías de teléfono. Una gestión por la que Telefónica no sufre y se muestra bastante indiferente.

¿Tiene algún problema regulatorio?

El mensaje del presidente se enroca en señalar a las mismas empresas de siempre, pero es que esa situación también se está cubriendo. En concreto, el 14 de septiembre de 2016, la Comisión Europea (CE) propuso un nuevo marco regulatorio para comunicaciones electrónicas, que revisará el actual marco para que tenga en cuenta los profundos cambios que los mercados, tendencias y tecnologías han experimentado desde 2009, fecha en que fue modificado por última vez. Básicamente lo que reclama Telefónica.

La actual propuesta de la CE está siendo sometida a un proceso de debate legislativo entre el Parlamento, Consejo y la propia CE, y que se espera concluya con la adopción del Código en el segundo trimestre de 2018.

Entre sus propuestas se incluyen medidas para estimular la inversión en redes de muy alta capacidad, nuevas reglas sobre espectro (mejora de la certeza inversora, coordinación y armonización en el entorno europeo), cambios regulatorios sobre servicios introduciendo una mayor igualdad de condiciones (Level Playing Field) entre operadores de telecomunicaciones y los nuevos operadores de transmisión libre (OTTs), así como una modernización del Servicio Universal. Más problemas solventados para Telefónica. ¿Entonces?

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A pesar de ello, en el debate legislativo en curso, el operador azul cree que “se corre el riesgo de que la propuesta de la CE empeore al diluirse las medidas proinversión y añadirse nuevas medidas que limitarían aún más los ingresos (por ejemplo, la regulación de las llamadas internacionales)”

Este punto es la última batalla de Bruselas que, junto a roaming, quiere que los consumidores se beneficien de un mercado común y no tengan que pagar más por hablar con alguien de un país vecino si ya no se hace cuando se viaja.

Ante esta situación no se entiendo muy bien el efecto de la regulación. Lógicamente impacta en las cuentas, porque si no hubiera ningún tipo de normativa, ni en el despliegue ni de acceso mayorista, ni  nada, los precios e ingresos serían mayores. ¿Pero y el beneficio del consumidor, así como la generación de competencia entre empresas en un mercado libre?


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