El caos reina en el sector energético. En el centro de la vorágine están dos elementos interrelacionados. Por un lado, una nueva ley que está perfilándose en el Ministerio de Energía. Por otro, está el ministro, Álvaro Nadal, que va desgranando las medidas de dicha ley con cuentagotas. Las perlas del ministro a su vez, vapulean en Bolsa a las eléctricas que parecen montadas en una especie de noria bursátil.
Además, a todo lo anterior, que solo ocupa los últimos días, se le debe añadir: la resolución y paralización del pago por Castor, decisiones políticas sobre el cierre o no de las centrales de carbón y nucleares o la redacción de una ley mayor de transición energética. En definitiva, en el sector el lío ahora parece monumental y lo peor, todo está en el aire y nadie sabe nada.
Si la diferencia de agua embalsada entre 2016 y 2017 fue tres veces más grande que entre 2017 y 2018, ¿por qué el ministro Nadal no actuó el año pasado?
El objetivo de intentar radiografiar el sector exige primero analizar la decisión de crear una Ley de medidas urgentes contra la sequía y no olvidar todo lo ocurrido años atrás. La primera pregunta acerca de la nueva ley es si es necesaria. Esto es, que mientras la diferencia de agua en los embalses españoles entre esta semana y la misma del año pasado es de cinco puntos porcentuales, la diferencia entre 2016 y 2017 fue de 14 puntos porcentuales. Por ello, si la diferencia de agua embalsada entre 2016 y 2017 fue tres veces más grande que entre 2017 y 2018, ¿por qué el ministro Nadal no actuó el año pasado?
La primera gran medida que contiene la ley son los recortes que el Ministerio quiere introducir a la distribución a las redes de gas. Las estimaciones del ministro Nadal situaban el recorte por encima de los 750 millones en los próximos tres años. Los objetivos son dos, por un lado los ingresos que cobran las empresas por la red troncal de transporte (gaseoductos) y por otro lado la red de distribución (tubos que llegan a los clientes).
El problema de esta primera gran medida que intenta colocar Nadal es su viabilidad legal. En los últimos años, grandes fondos y entidades de inversión han invertido hasta 10.000 millones en un sector que parecía de bajo riesgo debido a que los ingresos venían sujetos a una regulación estable –avalados por la Ley 18/2014 del 15 de octubre-. Estos mismos fondos ya han avisado de que se trata de una vulneración del principio de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, por lo que en principio habría litigio contencioso.
Todo ello, conlleva a la segunda pregunta ¿le merece la pena a Nadal, y el Gobierno, saltarse su propia ley –en 2014 gobernaba el PP- y abrir un frente judicial tan amplio cuando llevan todas las de perder? Es más, ¿tiene solidez legal la propuesta del ministro? cuando la propia CNMC ha recalcado una y otra vez que dicha reducción de la retribución regulatoria actual a la distribución deberá hacer “inevitablemente” en 2020. El mismo año en el que acaba el anterior periodo regulatorio y comienza uno nuevo.
El hachazo que pretende dar el ministro no terminan en el gas, sino que también lo recibirán las eléctricas. Este miércoles durante la intervención de Nadal en el Congreso explicó que también habrá un recorte en lo que ingresan las eléctricas por sus redes tanto de distribución como de transporte. El argumento es el mismo y los problemas que derivan de la decisión de Nadal los mismos. La única diferencia es que, en lugar de 750 millones, el recorte ascenderá a los 400 millones.
El objetivo del Nadal con este recorte es conseguir la reducción de la factura eléctrica de los hogares. El problema, de nuevo, es legal ya que supone recortar unilateralmente los pagos sin que haya terminado el actual periodo regulatorio en vigor. La pregunta es la misma, ¿está el Gobierno dispuesto a saltarse su propia ley? Incluso se puede ir más allá: ¿está el Gobierno dispuesto a que internacionalmente se vea a España como un país inseguro jurídicamente a la hora de invertir en él? Esto todavía es más vergonzoso cuando cada día sale algún cargo del Gobierno recordando a los independentistas que en España se cumple la ley.
Por último, el ministro Nadal en su intervención dejó caer otro coste oculto que plantea introducir a las compañías: el desmantelamiento de las centrales nucleares. El titular de Energía apeló a que el desmantelamiento de las centrales “es responsabilidad de todos”. Olvidó mencionar, por casualidad, que las eléctricas ya pagan un canon a Enresa, la firma pública que se encarga de ello, para sufragar el desmantelamiento.
Castor, el ministro Nadal y los mil millones
Las medidas que por ahora se conocen sobre la nueva ley energética tienen dos frutos: por un lado, genera en el sector desconfianza, inseguridad jurídica y mancha la imagen de España como país en el que poder invertir sin perjuicios políticos. Por otro, podría generar algo más de mil millones de “ahorro”. Curiosamente, a falta de conocer alguna otra medida que se guarda el ministro, esos mil y pico millones de ahorro se asemejan mucho a la cantidad que se adeuda por la chapuza de Castor y la rechapuza de su indemnización.
Por caprichos del destino, a la coincidencia en las cantidades se le añade la coincidencia temporal. En diciembre, el Tribunal Constitucional anulaba ciertos artículos del real decreto ley de 2014 que permitió a UGS –empresa controlada por ACS- cobrar una indemnización de 1.350 millones. El pago se realizó en apenas 35 días por la vía de urgencia, la misma que años después a tumbado el Constitucional.
El proyecto Castor en sí fue un desastre, que ha terminado saliendo muy caro a los españoles y que aún no parece cerrado. La culpa de tal desastre viene por dos decisiones políticas que en España reciben el ya reconocido nombre de “patada hacía delante”. La primera “un and under” que dirían los enamorados del rugby la dio el Gobierno socialista que incluyó una cláusula, si no se olvidaba del proyecto, que preveía el pago de la inversión realizada a la promotora en caso de que se produjera la extinción o caducidad de la concesión.
La extinción se produjo años después –ya con el Gobierno del Partido Popular-, en ese momento de gestó la otra gran chapuza. Lo fácil y más lógico hubiera sido haber tramitado una ley ordinaria en el Congreso y haberla aprobado gracias a la mayoría del Partido Popular. Aunque lo lógico no siempre rige la política, el PP decidió no exponer a Mariano Rajoy a más escarnio público y se tramito como Real Decreto por la vía de urgencia. La fórmula permite aprobar una ley sin pasar por el Congreso evitando la foto del PP aprobando un pago a Florentino Pérez. El esquema legal lo ideó, según explicaron más tarde fuentes cercanas, la Secretaría General de Energía, cuyo titular era Alberto Nadal. Otra casualidad más, la chapuza que más tarde tumbó el Constitucional fue idea parece del hermano del ministro de Energía.
El azar no suele existir y en política menos
El Constitucional con su dictamen ha tumbado la manera de pagar la indemnización, no la indemnización en sí. El propio Nadal lo explicaba al poco después de que el tribunal emitiera el veredicto: “no concluye (el Tribunal Constitucional) en ningún caso que se hubiera producido un pago indebido al titular del almacenamiento, sino que considera que hubiera bastado con que la decisión se hubiera aprobado mediante el procedimiento legislativo ordinario”.
Más allá del bofetón al arquitecto de tal idea, el extracto deja entrever la difícil posición en la que está Nadal y el Gobierno. El PP debería buscar aprobar una ley sin mayoría que cargase a los contribuyentes el pago de la indemnización a Castor. El propio Nadal ha reconocido que la paralización del pago va a traer consigo “un aluvión de demandas de los bancos y fondos”, por lo que lo único que puede hacer es intentar alargarlo y ganar tiempo. El suficiente para que los ahorros que pretende con su ley de medidas urgentes contra la sequía pueda servirse para pagar esa indemnización.
Y es que el hecho de que las cantidades sean clavadas –si descontamos los pagos realizados-. El hecho de que coinciden los tiempos. El hecho de que los apellidos casen. Son demasiadas coincidencias en un mundo, el político, dónde el azar no existe.
