Los ecos de la burbuja inmobiliaria todavía suponen un quebradero de cabeza. Y lo hace en cualquier ámbito. Uno de actualidad (y polémico) tiene que ver con el tema energético, sobre todo en una época donde la factura de la luz se dispara como cada año. Así, el origen de esta polémica surge con el plan de rehabilitación energética de edificios.
Un nuevo anuncio del Gobierno del ‘Plan Papeer’, que se trata de un dinero destinado a que los ciudadanos puedan reformar sus viviendas para consumir menos electricidad, no pasaría de anecdótico si no fuera por todas las polémicas que trae consigo. Pongamos la situación en contexto.
Hay dos motivos que justifican las acciones tomadas por el Gobierno. El primero, de causa estructural, fue que el auge del ladrillo levantó edificios con malos materiales y nula eficiencia energética; es decir, no mantiene el calor, no hay elementos de autoconsumo renovable, etc,. Posteriormente, han tenido que ser los propios ciudadanos los que debían hacerse cargo de las reformas, pero los costes eran muy elevados, por lo que -en líneas generales- la gente ha pasado. Y eso ha enquistado el problema de eficiencia.
Y es que parte de este problema se escenifica de manera definitiva hace un par de años cuando la Unión Europea pintó la cara a España por la falta de eficiencia energética en los edificios y viviendas particulares. Los datos eran demoledores. Mientras que la media europea bajaba el consumo energético un 11%, en España había aumentado el 8%. De este modo, desde Bruselas pusieron deberes a nuestro país para remediar la situación.
La Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, crea, para paliar este tipo de situaciones, un marco común para fomentar la eficiencia energética dentro de la UE y establece acciones concretas para alcanzar un notable ahorro de energía acumulado en el periodo 2014-2020. Ahorro que cada Estado miembro de la UE tiene que justificar.
¿Y qué ha hecho el Gobierno para enmendar la situación? Creó una serie de ayudas gestionadas a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con el fin de reformar las viviendas. Va por su segunda edición. Ahora habrá un total de 125 millones de euros para repartir.
En cuanto a lo formal, todas las tipologías y beneficiarios tendrán derecho a percibir una ayuda dineraria sin contraprestación (suma de la ayuda base y una ayuda adicional por criterio social, eficiencia energética o actuación integrada), por un importe máximo de un 30%, complementada con un préstamo reembolsable, por un importe máximo de un 70%. Los préstamos reembolsables tienen un tipo de interés Euribor + 0,0%, con un plazo máximo de amortización de 12 años, incluido un periodo de carencia opcional de 1 año.
¿Y qué problema hay?
El presupuesto de este programa proviene del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y puede ser cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Pero este fondo, de dónde surge.
El FNEE fue constituido por la Ley 18/2014, de 15 de octubre. Esa ley aprobó medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Y estableció un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética que asignó una cuota anual de ahorro energético a todas las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos y a los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor. Esa cuota anual de ahorro energético se denomina obligación de ahorro.
Para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones anuales de ahorro, las empresas tienen que realizar una contribución financiera anual al FNEE, que se calcula multiplicando su obligación de ahorro anual por la equivalencia financiera correspondiente.
Hasta ahí todo controlado. Una parte importante del entramado, las empresas, ayudan a mejorar la eficiencia. Pero éstas no están del todo satisfechas con la situación. Por ello, diversas empresas llevaron la situación ante la justicia. No estaban muy de acuerdo con el funcionamiento del FNEE y las cuotas que debían pagar.
La fricción jurídica gira en torno a dos aspectos. Por un lado, respecto al deber impuesto a determinadas compañías de cumplir con las obligaciones de abono energético a través de la contribución al Fondo de Eficiencia Energética sin permitirles hacerlo mediante el establecimiento de medidas de ahorro, tal y como habilita la legislación europea. A ello se suma que la regulación española impone la obligación de contribución solo a las empresas comercializadoras, excluyendo a las dedicadas a la distribución.
Ahora la pescadilla se muerde la cola
Una vez aclarado el conflicto, resulta que el primer plan destinó 237 millones de euros (aunque en principio se proyectó 200), y ahora resulta que se otorgarán 100 millones menos. ¿Ya no aprieta Bruselas? ¿Quieren dejar de exprimir a las empresas que financian el FNEE?
El importe total de las ayudas que hasta ahora ha destinado el Gobierno en 2017 a los programas de eficiencia energética es de 261,7 millones de euros. Repartidos del siguiente modo: 125,6 millones de euros en ayudas a la rehabilitación energética de edificios; 63,7 a las pymes y grandes empresas del sector industrial; 48,7 al alumbrado público municipal (que se ha incrementado en los últimos días en 20 millones más, debido a la gran demanda); y 3,7 para cambio modal y uso más eficiente de los modos de transporte. Pero no hay justificación por parte del Ejecutivo sobre el recorte para este año.
El problema es que el parque de viviendas no ha cambiado tanto en los dos últimos años. Por lo que la situación de eficiencia energética sigue siendo más o menos igual. Es decir, los ciudadanos seguirán pagando un sobrecoste en su factura de la luz por no tener bien acondicionados sus domicilios. Y ese incremento en el recibo irá directo al bolsillo de las eléctricas.
