Auque dicen fuentes del Ejecutivo que a partir de que empiece el próximo periodo de sesiones en febrero, la cosa va a cambiar. O sea, que en principio el Gobierno de Mariano Rajoy tiene la atención de recuperar una cierta actividad en el Parlamento. Es cierto que parece bastante probable que el Gobierno vuelva a intentar aprobar los presupuestos de 2018, toda vez que parece tener bastante contentos a los nacionalistas vascos.
Pero mas allá de la Ley de Presupuestos, cuando se habla con fuentes del Gobierno se dice que habrá actividad legislativa, pero no se dice en qué dirección ni que supuestas iniciativas va a llevar el Ejecutivo al Parlamento para su aprobación. Es decir que, a fecha de hoy, y más allá de los Presupuestos y del tema catalán, el Gobierno no tiene otro motivo de ocupación. Es más, desde que el asunto catalán entrara de lleno en el terreno de juego, no se ha movido de ahí.
Desde el pasado verano, la única ley que se ha aprobado en el Parlamento ha sido la del cupo vasco, y ya venía gestándose desde bastante atrás, en concreto desde que Gobierno y PNV pactaran el apoyo a los Presupuestos de 2017 que se aprobaron antes del verano. Y la Ley de Autónomos que, bastante descafeinada, ha conseguido colarle Ciudadanos al Ejecutivo de Rajoy a cambio de su apoyo en la investidura.
Porque, hasta ahí, el Gobierno sólo había tramitado siete leyes, dos de ellas aprobadas incluso antes de la sesión de investidura, y las otras cinco consecuencia en su mayor parte de directivas europeas, además de los Presupuestos. Poco más. De hecho, el Gobierno ha dedicado más esfuerzos a frenar el impulso legislativo de los grupos parlamentarios aplicando su capacidad de veto a más de cuarenta iniciativas ajenas al PP.
Lo cierto es que el asunto catalán ha limitado al Gobierno hasta el extremo. Toda la actividad política gira entorno a la crisis provocada por el independentismo y la aplicación del 155. Es el tema estrella en las sesiones de control, y prácticamente no se habla de otra cosa en los pasillos. Pero la realidad es que el país tiene otras necesidades, y otros problemas –algunos muy graves, como la sequía-, pero el Gobierno sólo parece tener tiempo para el problema catalán.
