Charles Penty, Esteban Duarte y Maria Tadeo para Bloomberg
El presidente Mariano Rajoy invocó las más amplias facultades de la Constitución española para asestar un golpe decisivo a la campaña separatista catalana que divide a la nación y pone en riesgo su expansión económica.
España destituirá al presidente catalán Carles Puigdemont de su cargo, y tomará el control de la policía regional y de los canales públicos de radio y televisión como parte de un aluvión de medidas que podrían ser ratificadas por el Senado en una semana, según Rajoy en una conferencia de prensa en Madrid el sábado.
“Ningún gobierno en ningún país democrático puede aceptar que la ley sea ignorada”, manifestó Rajoy. “Soy consciente de que este es un momento difícil; pero juntos lo superaremos, ya que hemos superado situaciones extremadamente complicadas a lo largo de nuestra historia”.
La decisión trae la crisis catalana a un nuevo nivel, dado que el Presidente busca sofocar una rebelión sin precedentes con el armamento legal sin probar del artículo 155 de la Constitución.
Puigdemont se comprometió a luchar incluso cuando los fiscales advirtieron que podría enfrentar hasta 30 años de cárcel si se niega a dar marcha atrás.
Mientras Rajoy tiene a la ley, a la mayor parte el país y al ejército de su lado, los separatistas catalanes cuentan con el amplio apoyo de los funcionarios regionales y una extensa red de activistas que han elaborado planes para la acción guerrillera contra las empresas de exportación y la infraestructura crítica. Los líderes políticos del movimiento están considerando una declaración unilateral de independencia en cuestión de días.
Los líderes separatistas en el Parlamento catalán también discutirán una posible fecha para una declaración de independencia
Los partidarios del gobierno regional inundaron el centro de Barcelona tras el anuncio de Rajoy respecto a la policía local estimando una participación de alrededor de 450.000 personas. Puigdemont y Carme Forcadell, el líder del parlamento regional, lideraron la protesta.
“Las instituciones catalanas y el pueblo catalán no pueden aceptar este ataque”, señaló Puigdemont en una declaración televisada. “Debemos defender nuestras instituciones como siempre de manera pacífica, pero también con dignidad y argumentos sólidos”.
¿Declaración de independencia?
Puigdemont dijo que pedirá al parlamento regional que convoque a una sesión plenaria para que los legisladores discutan el ataque de las autoridades en Madrid. Los líderes separatistas en el Parlamento catalán también discutirán una posible fecha para una declaración de independencia cuando se reúnan el lunes, según una fuente familiarizada con estos planes.
El fiscal jefe de España, José Manuel Maza, dijo que trataría de acusar a Puigdemont de rebelión si continúa con ese plan. Una condena a la cárcel se elevaría a 30 años, según comentarios televisados, lo que indica que el líder catalán probablemente sería encarcelado inmediatamente como medida de precaución.
Mientras más fuerza tiene Rajoy para ejercer sobre los catalanes, más tensión ejerce sobre la compleja red de alianzas nacionales e internacionales que suscriben su autoridad.
En declaraciones a la BBC el domingo, el ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Dastis, dijo que no se realizarán arrestos contra los líderes catalanes y que el objetivo del gobierno español es restablecer el orden constitucional en la región.
Tensas alianzas
El primer ministro belga Charles Michel, que depende de otros partidos con su propia agenda separatista para gobernar, rompió filas con el resto de la Unión Europea este mes para sugerir que España considere la mediación internacional.
Los vascos han condenado las decisiones del gobierno español y las tildan de desproporcionada
Los nacionalistas vascos, que permitieron que el gobierno minoritario de Rajoy aprobara un presupuesto a principios de 2017, abandonaron al mandatario desde que se intensificó la crisis catalana, deteniendo la aprobación de los planes de gasto del próximo año y añadiendo más incertidumbre al panorama económico.
Los vascos, que tienen su propia facción separatista de la que preocuparse, condenaron la decisión del gobierno español el sábado.
“La medida es extrema y desproporcionada”, dijo el líder regional vasco, Íñigo Urkullu, en Twitter. “El gobierno catalán tiene nuestro apoyo para buscar un futuro constructivo”.
El mandatario tendrá ahora el poder de disolver la legislatura regional
El mayor partido de oposición de España, el socialista, respaldó la acción de Rajoy, junto con los liberales de Ciudadanos. Entre ellos, estos grupos tienen 250 de los 350 escaños en el parlamento nacional. Un funcionario socialista de Cataluña renunció en protesta al ejecutivo nacional del partido. La dirección socialista había instado a Rajoy a adoptar un enfoque gradual para restaurar el control de la región.
Las instituciones catalanas han burlado la autoridad del estado español desde que legislaron para efectuar un referéndum sobre la independencia el 6 de septiembre. A pesar de una serie de fallos en los tribunales, los funcionarios regionales siguieron adelante con esa votación en medio de una violenta represión policial, alejando las quejas sobre irregularidades generalizadas.
El debate del Senado sobre las medidas comenzará el jueves a las 5 pm y una votación se llevará a cabo al final de la sesión. En ese momento, los ministerios de Madrid asumirán la gestión de la administración catalana mientras que el mandatario tendrá el poder de disolver la legislatura regional. Dijo que busca provocar nuevas elecciones dentro de seis meses.
